Ciudad

Floja de papeles, la acusación logró igual que el juez Fernando Sosa dejara preso al jefe de la barra de Central

El magistrado sostuvo la imputación contra Lautaro "Laucha" Ghiselli y otros nueve hombres acusados de formar parte de la banda de Los Menores y los dejó detenidos por el plazo de ley. Un undécimo acusado también recibió preventiva aunque por un crimen. Allegados al capo del paravalanchas auriazul manifestaron frente al Centro de Justicia Penal antes de que se conociera la determinación judicial

Fotos: Juan José García

Lautaro “Laucha” Ghiselli, líder de la barra de Rosario Central, y otros nueve presuntos miembros de la organización criminal Los Menores fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley este miércoles, en la última jornada de una maratónica audiencia que comenzó semanas atrás y donde la Fiscalía describió el entramado de una banda que desde 2020 busca controlar territorios a través del narcotráfico y la violencia. En el caso de Ghiselli, tras duros cruces entre la acusación y la defensa por la falta de pruebas para una medida cautelar terminó, al menos en esta primera instancia y por decisión del juez Fernando Sosa, con el capo del paravalanchas preso por 90 días.

Los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra señalaron a Laucha como uno de los organizadores de Los Menores, la banda a la que ubican detrás de una veintena de homicidios –incluido el doble crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte y su ladero Daniel “Rana” Attardo- y afirmaron que fue puesto al frente de la hinchada auriazul para que ésta sirviera a los fines de la asociación ilícita.

Sin embargo, allegados a Ghiselli que este miércoles incluso se movilizaron frente al Centro de Justicia Penal en pedido de su liberación desmienten estas acusaciones y aseguran que su arresto y posterior imputación es una injusticia. «Fue elegido para liderar el paravalanchas por gente de los barrios que no tiene nada que ver con el delito», dijeron allegados a la barra.

En sintonía, los abogados de Ghiselli, Paul Krupnik, Martina Lianza y Martín Marini, insistieron en que no hay pruebas para la acusación y menos para la cautelar. “Sólo una foto vieja en un balneario que muestra a Ghiselli con dos presuntos integrantes” de esa banda, describieron.

 

Según la Fiscalía, Ghiselli, una persona de confianza de los capos de la banda, administraba recursos lícitos e ilícitos del paravalanchas en beneficio de la asociación ilícita.

Schiappa Pietra identificó a cuatro de los 10 sospechosos que llegaron a la imputativa como presuntos organizadores o segundas líneas: Alejandro “Gordo Ale” Leguizamón, Ezequiel “Menor o Gordo” Dilascio, Lautaro Ghiselli y Matías Guerra.

Los demás fueron ubicados como presuntos miembros: Dylan “Sarampa” Bartozzeti, Diego “Ceja” Aguirre, Kevin “Hueso” De Los Santos, Mirko “Yedro” Benítez, Lucas Medina y Germán Hermosín.

Hay un undécimo acusado, Cristian Emanuel Sánchez, pero sólo como instigador del crimen de Braiton Villa, ultimado el 24 de julio de 2024 cuando sus compañeros de banda le tendieron una trampa. De igual forma había perdido la vida su primo Thiago González, ejecutado a traición por otros integrantes de Los Menores. Ambas víctimas habían sido identificadas como parte del grupo criminal que mató al policía Leoncio Bermúdez en el hospital Provincial en noviembre de 2023 en el fallido rescate de un preso.

Prófugos

La investigación ubica el comienzo de la organización en abril de 2020 en la que la mayoría de los acusados en esta causa llegaron con prisiones preventivas por otros delitos salvo Laucha, quien fue apresado el 13 de agosto pasado en su casa de barrio Pichincha.

La detención del líder de la barra canalla se produjo en el marco de más de 20 allanamientos simultáneos que se produjeron en la ciudad y alrededores.

La Fiscalía identificó a otros siete miembros que continúan prófugos, entre ellos el presunto jefe de la organización, Matías Ignacio Gazzani, por quien el gobierno ofrece una recompensa de 70 millones de pesos. También están con pedido de captura Luis  Palavecino, Miqueas Peralta, Kevin Alba, Roque Romero, Carlos Tevez y José Luis Ortiz.

Un aspecto que llamó la atención tras estos procedimientos fue que, durante los allanamientos, sólo se encontró a Ghiselli en su casa, mientras que el resto de los buscados se habían fugado minutos antes de la llegada de las fuerzas.

Desde el entorno del Laucha señalaron lo paradójico de esta situación: para ellos hubo una filtración de información, lo que debilita la teoría de la Fiscalía, ya que aseguran que «si él fuera el hombre fuerte de Gazzani, se habría fugado como lo hizo el resto».

Versión de allegados

«El Laucha no tiene nada que ver con la banda de Gazzani», afirmó un allegado a la barra brava. Familiares, amigos y vecinos de Laucha se movilizaron pasado el mediodía de este miércoles frente al Centro de Justicia Penal.

«Él asumió el liderazgo de la hinchada justamente por ser una persona ajena al mundo del narcotráfico y el delito. Incluso, los referentes de distintos barrios estaban cansados de la violencia que reinaba en la hinchada y lo eligieron para pacificar el paravalanchas», repitió esta persona.

El allegado también aseguró que no existe ninguna prueba que vincule a Ghiselli con Gazzani y que la imputación se basa en la suposición de que, al ser el líder de la barra, debe ser parte del negocio criminal. «Es una injusticia», sostuvo.

Otro manifestante deslizó sus sospechas de que la detención de Laucha ocurra en plena campaña electoral de cara a las legislativas de medio término del próximo 26 de octubre, que enfrenta por el mismo sector del electorado a los oficialismos nacional y provincial, que son aún socios en el Plan Bandera pero que en las últimas semanas cruzaron fuertes declaraciones. “Llama la atención que la barra estaba ordenada y tranquila: alguien metió la cola para generarle un dolor de cabeza a la dirigencia del club y a la provincia”, aventuró.

Prisiones preventivas

La imputación por asociación ilícita, en la que Ghiselli es señalado como organizador, fue sólo el primer paso. Este miércoles el magistrado Fernando Sosa aceptó la acusación y resolvió las medidas cautelares en forma clásica: preventiva para todos por el plazo de ley. Le quedará a la Cámara penal evaluar si estas prisiones se ajustan a derecho en el caso de Ghiselli, ya que los indicios que la Fiscalía construyó como prueba lucen muy débiles, al decir no sólo de su defensa.

 

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