Fondo de olla: el Fondo Monetario incluyó fuertes críticas al gobierno de Milei por corrupción y falta de transparencia

El Fondo Monetario Internacional incluyó en su últmio informe sobre Argentina críticas fuertes sobre el manejo de las políticas anticorrupción del Gobierno de Javier Milei y la laxitud con la que maneja los controles sobre las declaraciones juradas de los funcionarios. Es la primera vez en la que el organismo multilateral de crédito se expresa en términos tan duros, al menos desde que el país volvió a endeudarse con él en 2018, también con Luis Caputo como ministro de Economía, entonces, de Mauricio Macri.

Los cuestionamientos son parte de la segunda revisión del artículo IV que le aprobó a la gestión libertaria otro desembolso, por 1.050 millones de dólares, a pesar del nuevo incumplimiento de la meta de reservas del Banco Central.

La entidad que preside Kristalina Georgieva enumeró dentro de los «desafíos pendientes» de la gestión la lucha contra la corrupción. En ese punto, destacó que Argentina sacó una puntuación de sólo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, según Transparencia Internacional. Agrega el texto que «la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos».

Escasa transparencia y reglas porosas

Los términos del Fondo se desarrollan en el Box 9, donde revisó los «recientes progresos» contra la corrupción. Allí, el documento afirma que «es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual».

El reporte técnico añade que «las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación». Remarca que «la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial».

Este tono elevado que exhibió el Fondo no fue presentado durante las gestiones previas del Palacio de Hacienda ni cuando el Poder Ejecutivo lo lideraba Mauricio Macri, ya que el informe del Fondo de 2022 destacaba «fuertes esfuerzos que se están llevando para mejorar la gobernanza, integridad financiera y marcos de transparencia para asegurarse el cumplimiento de los estándares internacionales y apoyar los esfuerzos anticorrupción».

El FMI adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción por el que evalúa cómo las debilidades institucionales pueden afectar la economía de un país. En ese marco, el último reporte incluye explícitamente los déficits en torno a las declaraciones juradas patrimoniales, la independencia judicial y el índice de percepción de corrupción.

Prórrogas a medida de Adorni

A nivel político, el plazo para entregar las declaraciones juradas, que vencía el 30 de mayo, fue prorrogado por el Ejecutivo para el 31 de julio.

Eso otorgó dos meses más para completar los formularios ante la Oficina Anticorrupción, un escenario donde se encuentra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que aún no ha presentado su balance patrimonial en medio del escándalo por los nuevos inmuebles que se le descubrieron y que no figuran en sus documentos anteriores.

Morosidad, un dato de la crisis

En su revisión, el FMI señala que «continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo».

El organismo detalla, en el haber de su balance, que «se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias» con el objetivo de «garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados». Ello coincide con los datos oficiales del Banco Central que muestran un escalamiento en la morosidad de los hogares hasta el 11,5% en marzo. Las cifras indican un salto de más de 8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.