A tres meses de haber sido condenado a prisión perpetua por liderar una banda narco que protagonizó una violenta disputa territorial en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, Francisco «Fran» Riquelme volvió a ser imputado, esta vez junto a otras 17 personas, por continuar dirigiendo desde la cárcel una nueva estructura dedicada a la venta de drogas al menudeo en la misma zona de Rosario.
La audiencia imputativa se desarrolló el viernes 4 de septiembre y tuvo su continuación el miércoles 9, en la sala 8 del Centro de Justicia Penal de Rosario. El juez de primera instancia Hernán Postma dispuso la prisión preventiva efectiva para todos los acusados, con vencimiento fijado para el 4 de mayo de 2027.
Una organización nacida tras la detención del jefe
Según la imputación realizada por las fiscales Mercedes Banchio, Marisol Fabbro, Marina Vigo y el fiscal Diego Giro, la asociación ilícita se conformó desde enero de 2024 y operó hasta la fecha de la audiencia en los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial. El pacto criminal que dio origen al grupo se habría gestado luego de la detención de Riquelme, con el objetivo de sostener el negocio de comercialización de estupefacientes en la zona.
De acuerdo con la fiscalía, la organización tenía como fin la obtención de lucro mediante la comisión de delitos —entre ellos homicidios, portación ilegal de armas de fuego, amenazas y encubrimiento— orientados a consolidar el control territorial que le permitiera sostener la venta de drogas en modalidad de microtráfico en la zona noroeste de la ciudad.
El rol del abogado y la cadena de mando
Para la fiscalía, un engranaje clave de esta nueva estructura fue el abogado Martín Fabio Castillo, defensor de Riquelme, detenido el 31 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la acusación, aprovechaba sus visitas al penal de Marcos Paz —donde Riquelme está alojado con restricciones a sus comunicaciones— para facilitar el contacto con el exterior, permitir el envío de mensajes y triangular llamadas telefónicas que posibilitaban la coordinación operativa de la banda.
En la cúspide de la organización, Ezequiel Riquelme, hijo del líder y detenido el 7 de agosto en un barrio privado de la zona sur, fue señalado como organizador: según la fiscalía, actuaba como canal directo de las órdenes de su padre, coordinaba la operatoria en los barrios bajo su influencia y manejaba la administración central de la recaudación, disponiendo los pagos semanales.
División de tareas y homicidios vinculados
Por debajo de esa cadena de mando, la fiscalía ubicó a un grupo de personas a cargo de la gestión de los puntos de venta —entre ellos Nicolás Gramonte y, tras su detención, Juan Cruz García, ambos vinculados al homicidio de Agustín Rosales, ocurrido en marzo de 2025 en barrio Industrial—, así como a otros integrantes señalados por tareas de custodia, recaudación y logística.
Entre los imputados también figura Andrés «Plin» Acosta, señalado como responsable de la guarda de armas de fuego y del dinero de la organización, quien había integrado la lista de los prófugos más buscados hasta su detención. El resto de los acusados fue vinculado a tareas de control de puntos de venta, monitoreo de cámaras de seguridad, administración de fondos y ejecución de ataques armados contra viviendas y personas.
