Se trata de dos altos mandos que estuvieron al frente del a fuerza policial de la provincia entre 2013 y 2016 cuando el actual gobernador Maximiliano Pullaro denuncio una defraudación con la reparación de móviles policiales
El próximo 29 de mayo comienza en la capital provincial un juicio oral y público contra dos ex jefes policiales por un fraude con reparaciones de móviles policiales. La investigación arrancó en 2016, donde se destapó una organización que cometía defraudación con el arreglo de móviles que resultaron ficticias. Muchos de los involucrados ya fueron condenados pero dos ex funcionarios policiales de alto rango se sentarán en el banquillo de acusados. Se trata de Rafael Grau y Omar Odriozola, quienes enfrentan un pedido de pena de 9 años de cárcel.
Los fiscales de Delitos Complejos y Violencia Institucional, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez están a cargo de la acusación.
Según la pesquisa que data de 2016, los ex mandamases de la Policía provincial —Odriozola entre 2013 y 2015, y Grau entre 2015 y principios de 2016— están sindicados como jefes de una asociación ilícita mixta que se dedicaba a defraudar al Estado.
La mecánica consistía en facturar al Estado la compra de repuestos y reparación de móviles policiales que en realidad no se hacían. La maniobra se realizaba desde el departamento de Logística: se emitían facturas que entraban en el circuito de pago del área y se emitían los cheques. Dinero que luego se repartía entre los integrantes del grupo, explicaron desde fiscalía.
La denuncia fue presentada por el entonces ministro de seguridad de Maximiliano Pullaro, hoy gobernador de la provincia.
Los allanamientos que se llevaron adelante en aquel momento e involucraron a funcionarios policiales, contadores del área y responsables de comercios vinculados al rubro mecánico. En estos procedimientos se recabó evidencia de interés que permitió armar el rompecabezas y determinar qué comercios estaban involucrados en la maniobra. En 2017 hubo una serie de imputaciones y, en muchos casos, con el correr de la investigación, los acusados firmaron acuerdos abreviados.
El chapista Andrés Daniel Soto, acepto en un acuerdo abreviado una condena a 10 años de prisión.
También el contador y empleado policial Ariel Hernán Villanueva; el ex jefe de Logística José María Leiva; y el comerciante Facundo Testi (señalado como organizador). Todos ellos aceptaron una condena a 3 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua, más una reparación económica.
La misma pena de cárcel, pero de cumplimiento condicional, se impuso al policía Raúl Patriarca. También a Rodrigo Ruíz, dueño de un taller mecánico; y a Maximiliano Ambrosio, Artemio y Noelia Biscari, dueños de una casa de repuestos.
Ahora es el turno de los ex jefes policiales quienes enfrentan un pedido de pena de 9 años de cárcel para cada uno por los delitos de asociación ilícita, en carácter de jefes y defraudación en perjuicio de la administración pública.
El próximo 29 de mayo comenzará el debate y será presidido por los jueces Celeste Minniti, Sebastián Szeifert y Martín Torres.
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