El debate oral contra el presunto lugarteniente de Los Monos quedó en pausa durante la sexta jornada. La Defensa Pública advirtió que una integrante del tribunal ya había condenado a 36 coimputados en la misma causa a través de juicios abreviados. El Ministerio Público de la Defensa emitió un comunicado respaldando el accionar defensivo
La Defensa Pública advirtió que una integrante del tribunal ya había condenado a 36 coimputados en la misma causa a través de juicios abreviados
El juicio oral y público contra Jonatan Ezequiel «Peco» Almada, acusado de liderar una violenta célula vinculada a Los Monos en la zona noroeste de Rosario y para quien la Fiscalía pide 40 años de cárcel, sufrió una abrupta suspensión.
El motivo no fue menor: una de las magistradas que debía juzgarlo ya había emitido opinión y dictado condena previa a 36 integrantes de la misma organización en procedimientos abreviados anteriores.
El quiebre de las audiencias se produjo durante la sexta jornada del debate. Mientras la Fiscalía exhibía como prueba los registros de las audiencias donde se homologaron las condenas de los coimputados, la Defensora Pública Adjunta detectó un detalle procesal decisivo: la jueza María Isabel Lorena Aronne formaba parte del tribunal que homologó esos acuerdos previas.
Al advertir que la magistrada ya había intervenido en el juzgamiento de los mismos hechos —circunstancia que no había sido señalada antes de integrar el tribunal—, la defensa técnica de Almada solicitó la inmediata interrupción del debate para formular los planteos procesales correspondientes por afectación de la imparcialidad objetiva del juzgador.
Antes de que la Defensa formalizara el pedido, la jueza Aronne decidió apartarse voluntariamente del tribunal, lo que obligó a suspender el debate oral hasta que se designe un nuevo integrante.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Santa Fe remarcó que la intervención de la defensora evitó que el juicio continuara con un vicio que habría llevado inevitablemente a la nulidad de la futura sentencia.
«Continuar el debate sin resolver previamente esa situación habría implicado el riesgo de arribar a una decisión susceptible de ser anulada por vulneración de garantías fundamentales», señalaron desde el MPD, destacando que la garantía de imparcialidad es un principio básico resguardado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Ahora, la causa donde se juzgan extorsiones, balaceras y la trama criminal de la célula atribuida a «Peco» Almada quedará a la espera de la reestructuración del tribunal para poder reanudar el debate.
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