Tras un litigio penal que lleva casi una década en la Justicia federal, los responsables de una firma tucumana hicieron una propuesta de saneamiento por arrojar efluentes industriales al río sin tratamiento. También donarán 20 kilos de carne y 140 pañales por semana durante un año
Los responsables de un frigorífico industrial ubicado en La Banda del Río Sali, localidad tucumana, lograron un acuerdo en un caso por contaminación que lleva casi una década en la Justicia federal. El extenso proceso penal llegó a su fin con una suspensión a juicio a prueba luego que los imputados aceptaran una propuesta para reparar el daño ambiental provocado.
El proceso se inició en 2014, cuando el fiscal federal Pablo Camuña acusó a los responsables del Frigorífico Industrial del Norte (Fidensa) de contaminar las aguas del río Salí a través de la eliminación de efluentes industriales -sólidos y líquidos- sin el debido tratamiento.
Por ese delito fueron imputados cuatro personas. Martín y José Huerta (ya fallecidos), junto a Pedro y Hugo Benejam.
Durante el proceso judicial que se extendió por nueve años, los acusados buscaron alcanzar una solución alternativa. Casi lo consiguen en 2019, cuando acordaron construir un aula de 150 metros cuadrados para que niños del barrio reciban clases de educación ambiental. A su vez, los imputados también habían aceptado instruirse en el tema.
El acuerdo fue homologado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Alicia Noli, en disidencia parcial. Pero el fiscal Camuña apeló la resolución y logró que la Cámara de Casación Penal dejara sin efecto la probation.
Durante un dilatado proceso penal, finalmente la Justicia federal sostuvo que los Benejam debían ser enjuiciados. Días antes de iniciarse el debate, el defensor de los acusados, Ernesto Baaclini, presentó una nueva propuesta de suspensión a juicio a prueba.
Esta vez, los imputados se comprometían a donar 20 kilos de carne vacuna o porcina por semana y durante un año al Cottolengo Don Orione (institución que acoge a personas con discapacidad); entregar 140 pañales por mes a la Sala Cuna durante 12 meses más una donación de cinco millones de pesos a la Fundación de Albergues Infantiles.
El fiscal federal Camuña pidió que el ofrecimiento sea discutido en una audiencia pública. El defensor Baaclini presentó el ofrecimiento, instancia en la que el fiscal ponderó que los empresarios hayan presentado el Plan de Reconversión Industrial que Fidensa llevó adelante bajo el control de la Secretaría de Medio Ambiente y sugirió que el dinero en efectivo sea entregado a una ONG que, mediante concurso público, presente un proyecto de saneamiento ambiental para la zona.
Los jueces Jimenez Montilla, Enrique Lilljedahl y María Noel Acosta, aceptaron la propuesta con la recomendación aportada por el fiscal. Los acusados deberán aportar esa suma de dinero a un plazo fijo del Banco Nación. Mientras tanto, las organizaciones no gubernamentales deberán presentar proyectos a realizar y, a través de un proceso de selección, se le entregará ese dinero para que concreten el plan.
Además, en su resolución, los jueces ordenaron que se requieran informes trimestrales a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la provincia sobre el cumplimento de las obligaciones ambientales asumidas por parte del frigorífico.
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