Fue a sacar un certificado de conducta y descubrió que lo habían condenado por un robo que no cometió: a dos años, anularon el fallo

La Justicia de Santa Fe revocó una sentencia que parece un guion para una ficción, pero que dejó interrogantes sobre las falencias en el sistema de identificación penal. El juez Octavio Silva declaró inválido el proceso contra Andrés B., un hombre que cargó con una condena de tres años de prisión condicional dictada en 2023 sin haber cometido un solo delito, luego de que un convicto le robara su identidad para eludir a la ley.

Sin embargo, el dato más llamativo no es sólo es la suplantación, sino la desidia: los investigadores detectaron el robo de identidad en enero de 2023, pero no existió notificación  a la víctima. El inocente recién se enteró de que figuraba como condenado este año, cuando solicitó un certificado de antecedentes para un trámite laboral.

El Orejón Sosa: el arte de ser otro

La historia comenzó el 19 de octubre de 2022. Hernán Matías «Orejón» Sosa, un hombre con prontuario y pedido de captura, fue detenido armado junto a un cómplice en el barrio Centenario, de la capital provincial, tras meterse en una vivienda y robar dos celulares. Para evitar que sus antecedentes lo enviaran directo a una celda, Sosa dio un nombre al azar: Andrés Alberto B.

En ese momento, la maquinaria judicial falló:

• Identificación a papel y tinta: Sosa fue llevado al Gabinete de Identificaciones de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC). Allí, mediante un sistema tecnológicamente obsoleto o por presunta complicidad policial –se investigan coimas de hasta 1.5 millones de pesos–, el Orejón logró que sus huellas se archivaran bajo el nombre de Andrés B.
• Prontuario «limpio»: al consultar el Registro Nacional de Reincidencia bajo el nombre falso, el sistema arrojó que no tenía antecedentes.
• Condena exprés: con un nombre «limpio», Sosa acordó un juicio abreviado con la fiscal Yanina Tolosa. Fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y recuperó la libertad en siete días. Mientras tanto, el verdadero Andrés B. quedaba registrado en los libros de la Justicia como un condenado por robo calificado y portación de arma.

Una confesión que la Justicia ignoró

La farsa de Sosa cayó por su propio peso el 16 de diciembre de 2022, cuando fue detenido otra vez por un robo en la localidad de Franck. Durante su estadía en prisión, los fiscales que investigaban el copamiento de la subcomisaría 20° de Arroyo Leyes intervinieron su teléfono.

En las escuchas de enero de 2023, Sosa fue captado confesándole a su pareja entre risas: «Arreglé con la Policía para falsear la identidad, siempre fui un delincuente». 

A pesar de que en ese mismo momento la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad supieron que había un ciudadano inocente con una condena a cuestas, el expediente de Andrés B. quedó en un cajón. 

Nadie lo buscó, nadie lo llamó y nadie inició de oficio la anulación de la sentencia hasta que el propio afectado se presentó en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) en estos últimos meses desesperado por el manchón en su legajo laboral.

¿Corrupción o impericia?

La causa ahora avanza sobre dos frentes. Por un lado, el juez Nicolás Falkenberg dictó prisión preventiva para el Orejón Sosa luego de que este lunes la fiscal Laura Urquiza lo imputara por los delitos de falsedad ideológica de documento público y estafa. 

Por el otro, el fiscal Federico Grimberg investiga al personal del Gabinete de Identificaciones de la AIC. La oficina en la ciudad de Santa Fe de esa fuerza fue allanada a finales de enero de 2023 no sólo por el caso del Orejón Sosa sino también por el de otro hombre, a quien se le había dictado la captura en 2020 por un ataque sexual cometido contra una familiar menor de edad. Éste fue detenido en 2023 en Rosario, y según la investigación de la Fiscalía durante los últimos años usó al menos ocho identidades falsas.

Las sospechas oscilan entre la impericia tecnológica (un sistema de identificación que todavía depende de métodos manuales vulnerables) y la corrupción directa. Las escuchas sugieren que Sosa había pagado una cifra millonaria para que el policía que tomó sus datos «mirara para otro lado».

Tras dos años, la condena de Andrés B. fue finalmente borrada pero el caso deja una pregunta inquietante: ¿Hay otros ciudadanos, víctimas de suplantación de identidad, con antecedentes penales sin saberlo?