Fuerte preocupación en Rosario por las graves amenazadas a concejales de la ciudad de Santa Fe

El Concejo Municipal rosarino aprobó este jueves un proyecto en el que se manifestó «una fuerte preocupación por las amenazas de muerte recibidas por los concejales Luciana Ceresola y Carlos Suárez, integrantes del Poder Legislativo de la ciudad de Santa Fe».

«También solicitamos al Ministerio Público de la Acusación (MPA) investigar hasta las últimas consecuencias estas intimidaciones y pedimos al Ministerio de Seguridad provincial garantizar la integridad de los ediles Ceresola y Suárez y sus familias”, señala luego el texto votado en la jornada de hoy. 

Sobre el tema habló el edil Carlos Cardozo, de Juntos por el Cambio y autor de la propuesta, quien hizo referencia al trabajo de los concejales santafesinos con relación a locales de la nocturnidad. Y es que las amenazas están vinculadas con esa situación.

La iniciativa había sido firmada por su par de bancada, Germana Figueroa Casas; Agapito Blanco, de Cambiemos; la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck; Norma López, del Frente de Todos-PJ, y Andrés Giménez, de Unidad Ciudadana.

Intimidación

Las amenazas de muerte sucedieron este miércoles por escrito y enviadas en sobres, que además contenían cenizas. Llegaron directamente a la sede del Concejo Municipal.

Ceresola (PRO) y Suárez (UCR), ambos del interbloque Juntos por el Cambio (JxC), participaron de las PASO del domingo último con la aspiración de renovar sus bancas.

Ambos sobres contenían leyendas intimidatorias y restos de cenizas y, curiosamente, tenían escrito los nombres de dos mujeres y la dirección de un departamento situado en 1 de Mayo al 2500 de la ciudad de Santa Fe, dato que es materia de investigación.

Además, en el envío a Ceresola se encontró una publicidad de la empresa de sepelios Casa Rodríguez, en tanto que en el de Suárez fue hallada otra de la firma Sentir, que también brinda servicios funerarios.

A raíz de lo sucedido, los ediles radicaron la denuncia en la sede de la Fiscalía Regional I del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las amenazas fueron repudiadas por el interbloque Juntos por el Cambio, que interpretó que ese accionar “está directamente relacionado con la labor legislativa” de los ediles por haber “abordado en forma permanente temas difíciles que toda ciudad moderna debe enfrentar y no mirar distraídos para otro lado, buscando una posición cómoda”.