Estudian aplicar a los consumidores nuevo costo de financiación de las distribuidoras, según un nuevo marco regulatorio. El secretario de Energía Gustavo Lopetegui fogonea la idea
El gobierno nacional se prepara para convalidar una suba extra en las boletas del gas de este año, por encima del tarifazo del 35% que ya anunció. La intención del nuevo aumento es cubrir el costo que les generaría a las empresas un cambio en la regulación con la que se establece la tarifa, que se terminará de definir este viernes con la consulta pública convocada por la Secretaría de Energía y el Enargás. Según trascendió, la confirmación llegará en febrero, cuando se fijen los precios para el invierno.
Esta idea, impulsada por el nuevo secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, fue cuestionada por las empresas distribuidoras, en especial porque reduce el plazo de pago de las petroleras, de 75 a 30 días. Por otro lado, la cámara que nuclea a las mayores productoras festejó la iniciativa. Como las distribuidoras cobran sus facturas a hogares y empresas 60 días después de la entrega, deberían buscar financiación por unos 2.000 millones de pesos.
«Nos obligan a salir al mercado a financiarnos a una tasa del 50% anual, es decir, cerca del 4,5% mensual, con el objetivo de que las petroleras se cubran de una eventual devaluación. En la práctica, si prospera este cambio regulatorio, las distribuidoras de gas transferirán recursos a las petroleras sin ningún sentido», dijo Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi y exCEO de Edenor, la semana pasada en EconoJournal.
Sin embargo, tal como ocurrió con el desfasaje que provocó la devaluación, el gobierno de Macri busca trasladar ese costo a las facturas de los usuarios. “Es posible que las distribuidoras no entraren en quebranto, sino que haya un costo financiero que tendrá que tenerse en cuenta en el cálculo tarifario. Nosotros entendemos que el cambio está dentro de lo que el cálculo prevé; pero si ellos nos demuestran que no, se revisará y se aplicará a las tarifas», le dijo al diario BAE negocios una fuente del gobierno. Las distribuidoras ven como una alternativa viable el traslado del costo financiero a los usuarios pero trasladan la responsabilidad al gobierno. Si todo esto prospera, el aumento de abril será mayor al 35% ya anunciado.
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