Es Squadra, de bulevar Oroño al 100 bis. Su propietaria, Melisa Montes, fue centro de una controversia entre el Colegio de Corredores Inmobiliarios y la Justicia, que ordenó habilitarle una matrícula. Cuando blanqueaba para el detenido Mario Segovia, la mujer trabajaba en la hoy telefónica Claro. Cómo fueron las maniobras de las que la acusaron
Fotos: Juan José García
Operativos que retoman vínculos y antecedentes delictivos de hace casi dos décadas. Gendarmería allanó este martes por orden de la Justicia federal la inmobiliaria Squadra, de Oroño al 100 bis. Fue uno de varios procedimientos que incluyeron otras irrupciones en Rosario -una fuente precisó que también los federales visitaron domicilios en una financiera de Mitre al 800 y una mutual de Mitre al 900- en la unidad penal bonaerense de Marcos Paz, además de la porteña de Villa Devoto.
Squadra fue motivo de una resonante controversia el año pasado. Fue entre el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) y la Cámara de Apelaciones en lo Penal. La primera le reprochó a la instancia judicial que haya habilitado la matrícula a la inmobiliaria cuya titular, Melisa Cecilia Montes, había sido procesada por encubrimiento y lavado de activos.
La orden para los allanamientos de este martes fue cursada por dos fiscales. Uno es Juan Argibay, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El otro es Franco Benetti, que integra la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.
En mayo de 2024, Montes firmó una suspensión de juicio a prueba (probation) tras ser acusada de maniobras de lavado de dinero perpetradas entre el 29 de junio de 2006 y el 14 de abril de 2007. Era, según la causa, parte de una red para blanquear las ganancias de Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina” y actualmente detenido.
Días después de esa instancia, Cocir emitió un comunicado con reproches a la Justicia por haber permitido que la mujer continúe con su inmobiliaria, la ahora allanada.
La Cámara de los Corredores Inmobiliarios recordó entonces que el 3 de marzo de 2023 Montes había presentado la documentación para su inscripción en la matrícula del Cocir. Agregó que tras revisar sus antecedentes saltó la causa penal por lavado y un día después se rechazó la matriculación.
Entonces, ¿cómo es que seguía al frente de la inmobiliaria de bulevar Oroño y Guemes? Es que la mujer presentó una nueva petición de inscripción el 23 de mayo. Argumentó que se encontraba procesada y no condenada, y que los hechos eran de larga data. Como Cocir insistió en el rechazo, Montes recurrió a la Justicia.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal resolvió a favor de la mujer y revocó la decisión de Cocir. En sintonía, le ordenó que la matricule.
Pese a la probation, la causa siguió. La investigación derivó en una acusación contra Montes como parte de un grupo que administró «dinero de origen ilegítimo proveniente de la actividad del narcotráfico desplegada por Mario Segovia a fin de brindarle apariencia lícita”.
A la operadora inmobiliaria le asignaron participación en “operaciones de transferencias monetarias efectuadas por personas domiciliadas en la Argentina y México a través del servicio Western Union» entre el 29 de junio de 2006 y el 14 de abril de 2007. El monto de esas maniobras, calcularon, fue de 2.996.040,65 pesos.
En ese período, Montes no era la titular de Squadra. Trabajaba en la entonces telefónica CTI, hoy Claro.
El delito saltó cuando otro empleado de CTI, Pablo Rodríguez, quien también fue imputado, declaró que conoció a Segovia en una peluquería céntrica y que el Rey de la Efedrina lo tentó con obtener una ganancia a cambio de hacer circular montos de dinero que recibiría por transferencias bancarias.
El hombre agregó que le ofreció a su compañera de trabajo Montes participar del asunto, y que lo hizo porque no sospechó que el trato propuesto por Segovia fuera ilegal.
El empleado que desató la pesquisa dijo que Segovia se hacía llamar “Nicolás”. Y que lo acompañaba a él y a Melisa a recibir las transferencias. El empresario narco se llevaba el dinero y les pagaba la «comisión» por el blanqueo.
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