Generación Zoe: una de las imputadas de manejar la oficina de Casilda recuperó la libertad

Una de las imputadas en una asociación ilícita encabezada por el empresario Leonardo Nelson Cositorto a quien le adjudican una millonaria estafa piramidal en dólares recuperó la libertad. La mujer está sindicada de llevar adelante la oficina que el grupo tenía en Casilda y contaba con un arresto domiciliario.  Ahora la Cámara Penal resolvió que continúe en libertad con restricciones. El fiscal del caso Miguel Moreno, adelantó en la audiencia que este mes presentará acusación por el caso

Según la investigación la estafa consistía en ofrecer una inversión con una renta elevada pero en febrero del año pasado dejaron de pagar y no devolvieron el capital. En el camino perjudicaron a unas 30 personas que habían invertido en dólares.

Este grupo funcionaba a través de una serie de sociedades comerciales, la más conocida Generación Zoe S. A., también utilizaban las firmas Zoe Empowerment, Al Coaches SAS, Zoe Construcciones, Zoe Cash y Universidad del Trading SA, entre otras.

Las empresas eran presididas por Cositorto, quién simulaban dedicarse a la educación por coaching y a la actividad financiera, y de esa forma defraudar a las víctimas. Este hombre además ese investigado por hechos similares en otras provincias. En Córdoba ya presentaron acusación en contra Cositorto y otra veintena de personas. Este hombre se encuentra detenido en aquella provincia  después de ser  arrestado en República Dominicana. La fiscalía acusó al grupo por 163 hechos. 

Entre los involucrados se encuentra Diana T. quién estaba a cargo de la oficina que el grupo tenía en Casilda. Según la pesquisa, algunos de los involucrados entre los que se encuentra esta mujer y su pareja Hernán F. aprovechaban sus relaciones  de amistad o a través de publicaciones en redes sociales ofrecían rentas mensuales muy elevadas a cambio de una inversión en dólares para entrar al negocio.

Esas “membresías” prometían un interés mensual del 7,5 por ciento. Otra de las modalidades era la de “robots o bot”, que consistían en inversiones con diferentes plazos e intereses con promesa de devolución de capital al finalizar el plazo.

Según la investigación una vez que ingresaba la inversión de los confiados clientes algunos  de los integrantes del grupo transformaban los dólares en criptoactivos y los transferían a diferentes usuarios que redireccionaban los fondos para impedir su seguimiento. Para la fiscalía estas personas sabían que no podían pagar lo prometido, lo que finalmente ocurrió en febrero del 2023 por un monto superior a 400 mil dólares.

Casilda

Tras ser imputada Diana T. quedó en arresto domiciliario. Su defensor Walter Calenta  pidió la libertad con restricciones y logró su otorgamiento en segunda instancia.

En la audiencia ante el camarista Guillermo Llaudet contó que la mujer se presentó en forma espontánea al conocer la investigación en su contra y refirió que sufre una afección pulmonar cuyo tratamiento no puede ser brindado en una Unidad Penitenciaria y además un hijo discapacitado a cargo.

Entonces le dieron un arresto domiciliario. El letrado planteó que en esta instancia del proceso se demostró que la mujer cumple con las reglas impuestas y dijo que no quebrantó la domiciliaria incluso cuando fue víctima de un robo que incluyó disparos.

Agregó que su detención es innecesaria ya que no existe peligrosidad procesal.  Dijo que la prueba ya se encuentra cautelada e incluso su cliente colaboró con la investigación y se encuentra en tratativas para un acuerdo abreviado.

Por su parte el fiscal Miguel Moreno se opuso al planteo y dijo que es correcta la decisión de la jueza  que en febrero pasado mantuvo la prisión. Dijo que hay que diferenciar las acciones imputadas a cada acusado y agregó que la oficina que funcionó en Rosario que estaba a cargo de Edmundo Depiante provocó mucho menos daño porque funcionó solo tres meses que la que llevaba Torres en Casilda.

A lo que sumó que Depiante  firmó un acuerdo abreviado donde ofreció un resarcimiento de 28 mil dólares y una pena de 3 años de cárcel. En cuanto a Hernán F., pareja de Diana T. tenía un rol diferente, por ejemplo no recibía el dinero además agregó que viven juntos por lo que la mujer no se encuentra sola para cuidar al niño. A lo que sumó que este mes presentará acusación.

Mientras que una de las querellas, a cargo de Nicolás Zurcher apoyó el planteo fiscal. La otra no se opuso y contó que está en conversaciones para un eventual acuerdo.

Tras evaluar el planteo el camarista Guillermo Llaudet resolvió disponer la libertad de la mujer con restricciones entre ellas la prohibición de salir del país, de lo que se dará cuenta a la Dirección Nacional de Migraciones, manteniéndose la cautela dispuesta sobre un inmueble ubicado en Corral de Bustos y mensualmente se tendrá que presentar en la Oficina de Gestión Judicial de Rosario.