Gobierno, Techint y el gasoducto: la disputa pública por una licitación que expone las dificultades de la industria nacional

La puja por un gasoducto de casi 500km que conecta Vaca Muerta con Río Negro dejó al descubierto una fuerte interna entre el gobierno nacional y el grupo Techint, y expone las dificultades que atraviesa la industria nacional ante la política aperturista del gobierno libertario. Mientras que desde Casa Rosada insinúan que la histórica fabricante de acero perdió la licitación por sobreprecios, del otro lado plantean que se le está abriendo el juego a empresas del extranjero para destruir el mercado local. 

Detrás de esta disputa, emergen distintas realidades que pintan el escenario productivo en Argentina. Para cualquier empresa nacional resulta difícil competir con un producto asiático teniendo en cuenta la diferencia que existe en los costos de producción, aunque este no es el caso de una pequeña empresa del cordón industrial del Gran Rosario, sino de una multinacional que durante los últimos años monopolizó el mercado al calor de subsidios y de protección ante las importaciones.

Más allá de las salvedades del caso, el panorama no deja de ser preocupante para la industria nacional, obligada a competir con producción extranjera subsidiada (como el caso de China o India) que busca expandirse en detrimento de la competencia local. En el caso mencionado y que generó la ofensiva del propio presidente Javier Milei, la firma Siat Tenaris (de grupo Techint) perdió la licitación de una obra troncal que se traduce en menos trabajo para 400 empleados en su planta de Valentin Alsina (provincia de Buenos Aires).

Referentes de la industria santafesina consultados sobre el episodio, coinciden en dos aspectos: en primer lugar consideran saludable la apertura que posibilita acceder a otros proveedores de insumos de uso difundido para mejorar su competitividad. Pero por otro lado la reflexión se repite casi bajo los mismos términos: “Si esta le pasa a Techint, qué nos queda a nosotros”. 

El conflicto se desató a partir del proceso de licitación para la provisión de caños de acero destinados una obra estratégica por su magnitud y por su rol en la evacuación del gas de Vaca Muerta. Según trascendió desde el entorno oficial, la propuesta presentada por Siat Tenaris fue considerablemente más elevada que la de su competidora, una firma extranjera llamada Welspung (con sede en India y con parte de su producción en China) que ofreció un precio sensiblemente inferior por el mismo producto. Ese diferencial fue el argumento central utilizado por el Gobierno para justificar la adjudicación y para instalar públicamente la idea de “sobreprecios” por parte del grupo Techint.

Desde la compañía, sin embargo, rechazan de plano esa acusación. Aseguran que su cotización responde a los costos reales de producir acero en Argentina (salarios, energía, impuestos, logística) y advirtieron que el precio ganador solo es posible gracias a prácticas de dumping por parte de la empresa extranjera, con fuertes subsidios estatales en su país de origen. En esa línea, sostienen que no se trata de una competencia en igualdad de condiciones, sino de una apertura que favorece a jugadores globales con espaldas financieras y respaldo estatal, en detrimento de la industria local.

La controversia expone una diferencia de enfoque más profunda. Para el Gobierno, la licitación es una muestra de eficiencia y de ruptura con un esquema que, según su diagnóstico, durante años toleró precios inflados al amparo de regulaciones y protecciones. Para Techint (y para buena parte del entramado industrial) el caso sienta un precedente peligroso: obras públicas financiadas en Argentina que terminan dinamizando empleo y capacidad productiva en otros países.

En ese cruce de acusaciones, la licitación del gasoducto funciona como símbolo de una discusión más amplia sobre el modelo productivo. La apertura importadora, defendida por el oficialismo como un mecanismo para bajar costos y precios, impacta de lleno en sectores industriales que advierten la reducción de su nivel de actividad y alertan sobre un proceso de desindustrialización. Incluso tratándose de un grupo concentrado y con posición dominante histórica, la derrota de Techint en esta compulsa deja al descubierto los límites de la industria nacional frente a una competencia global sin resguardos.

Así, el caso excede a una empresa y a una obra puntual: pone en tensión el rol del Estado como promotor del desarrollo industrial frente a una lógica de mercado que prioriza el precio inmediato, aun cuando eso implique resignar empleo, capacidad instalada y valor agregado local en el mediano plazo.