El súbito espíritu malvinero y nacionalista de los libertarios no resiste archivos y arrastra goles en contra. Este martes se supo que una decisión oficial y palabras presidenciales juegan a favor del fondo buitre Burford en su reciente demanda contra el país por la renacionalización parcial de YPF que presentó en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Burford Capital le compró los derechos de litigio por la expropiación parcial de YPF a las sociedades españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, pertenecientes al Grupo de la familia Eskenazi. Fue luego de la quiebra de ambas firmas, que habían adquirido un porcentaje de las acciones de Repsol cuando la corporación española operaba la petrolera de bandera gracias a su privatización durante el menemismo.
Ahora, después de que en marzo último la Corte de Apelaciones de Nueva York diera de baja el fallo de primera instancia contra Argentina por un reclamo de 18.000 millones de dólares, el fondo buitre volvió a la carga, esta vez en el Ciadi, tribunal históricamente adverso al país. Y lo hizo con un par de sorpresas que remiten a la mala praxis del oficialismo.
La primera: abogado de buitres promovido por Milei
En septiembre de 2024, el gobierno del presidente Javier Milei postuló al abogado Agustín García Sanz como árbitro del CIADI. Es una facultad que tiene el país como Estado miembro del tribunal. El problema es que el letrado pertenece al estudio Three Crowns, con sedes principales en Londres y París y oficinas en Madrid, Washington y Singapur. El mismo que este martes se presentó como patrocinante de Burford en la demanda contra la Argentina. Hasta julio pasado, García Sanz aparecía en los registros del tribunal del Banco Mundial como árbitro de la Argentina. No se publicó su renuncia a ese cargo para habilitar su cambio de trinchera, pero se supone que la presentó.
La designación de García Sanz, junto a otros tres abogados, derivó en un tiro en el pie para el país. La cadena de responsables directos es larga, sea por impericia o por ceguera ideológica. En el momento de su postulación, el ministro de Justicia era Mariano Cuneo Libarona. Lo secundaba Sebastián Amerio, que pasó a ser nombrado Procurador del Tesoro cuando la cartera quedó en manos de Juan Bautista Mahiques. Hace dos años, el responsable del asesoramiento jurídico del Ejecutivo era Rodolfo Barra y lo secundaba Andrés de la Cruz: justo ex letrado de los Eskenazi, a los que Burford le compró los derechos de litigio por YPF.
García Sanz, ahora litigante contra la Argentina como socio de Three Crowns, reside en Madrid desde el mismo 2024. Antes, había trabajado en estudios porteños como Bomchill y Marval O’Farrell & Mairal. Y también en Estados Unidos.
Three Crowns había anunciado en enero pasado la promoción a socio del argentino, que integra el bufete desde 2015.
Los documentos de la nueva demanda todavía no son públicos, pero el periodista Alejandro Bercovich accedió a ellos y difundió éste y otros incómodos pormenores.
Incontinencia verbal y fundamentalismo ideológico
🔴 MILEI EN CADENA NACIONAL SOBRE EL FALLO DE YPF: «EXPROPIAR ESTÁ MAL PORQUE ROBAR ESTÁ MAL»
«La argentina logró una sentencia histórica en esta administración».
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— A24.com (@A24COM) March 27, 2026
Sanz por Three Crowns, y el resto de los patrocinantes de Burford, incluyeron este martes como argumento de su demanda ante el Ciadi una frase que pronunció Milei en contra de la renacionalización. «Incluso, el presente Gobierno de la Argentina ha desautorizado a sí mismo las medidas de 2012, y su actual presidente las ha admitido como ilegales e injustificadas. Después del juicio del Segundo Circuito (tribunal de Nueva York) de marzo de 2026, el presidente Javier Milei declaró en televisión que ‘expropiar está mal porque robar está mal’ y describió la renacionalización de YPF como una ‘aventura suicida’ que ‘puso a toda la Argentina en riesgo'», señala el texto de la presentación a la que accedió Bercovich.
Los litigantes concluyen, apoyados en las palabras del libertario, que «la desautorización del presidente Milei sólo subraya que las medidas de la Argentina de 2012 sirvieron para un propósito no legítimo».
No es la primera vez que Burford recurre a expresiones de funcionarios argentinos para fundamentar su demanda. Antes, aunque fallidamente, había echado mano a las de Axel Kicillof.
En 2012, cuando se expropiaron las acciones de Repsol (Esquenazi) con una amplia aprobación en el Congreso, el actual gobernador bonaerense era viceministro de Economía del Gobierno de Cristina Fernández. El fondo buitre incluyó expresiones suyas durante el debate en el Parlamento respecto de que sería «estúpido» cumplir con el estatuto de YPF, que obligaba a comprar el 99% de la empresa. Allí defendió la expropiación por ley de sólo el 51%. Eso era lo que el Estado podía pagar, lo que se aprobó y lo que finalmente Argentina le abonó a la española Repsol dos años después.
En primera y segunda instancia del juicio en los Estados Unidos, Burford ganó porque los jueces acompañaron su postura: se había violado la normativa de la petrolera. Pero al cabo de una década de proceso judicial, la Corte de Apelaciones de Nueva York terminó por refrendar la interpretación de Kicillof. En marzo último, falló a favor de la Argentina con el argumento de que la ley de un país prima sobre el estatuto de una empresa.
