La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la declaración de culpabilidad por el delito de lavado de activos y el decomiso bienes pertenecientes a Matías Ángel Matarochi, un empresario ligado al llamado “clan Derminio”, condenado en junio de 2025 por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Rosario. Durante la tramitación de la causa se incautaron más de dos millones de dólares y 102 bienes, entre propiedades, embarcaciones y vehículos de lujo.
El tribunal también confirmó el decomiso dispuesto sobre los bienes de otras tres personas que habían sido absueltas en el juicio. Por mayoría, anuló únicamente la sentencia en lo referido al monto de la pena de Matarochi y ordenó que se dicte una nueva.
La resolución, firmada el 13 de agosto, fue dictada por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci.
En junio de 2025, el TOF N°2 de Rosario había condenado a 14 integrantes de la organización. Matarochi recibió una pena de ocho años de prisión y una multa de 114.837.270 pesos por lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.
En ese mismo juicio, Norberto Derminio fue condenado a cinco años de prisión y una multa de 136.034.251,02 pesos como coautor del delito, mientras que Juan Derminio recibió una pena única de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 30.597.283,40 pesos.
Además, el tribunal había ordenado el decomiso de más de dos millones de dólares y de 102 bienes, entre inmuebles, vehículos y embarcaciones, al considerar acreditado que habían sido adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas, lo que representó uno de los mayores golpes económicos al crimen organizado de Rosario de los últimos años.
La investigación fue instruida por la entonces Fiscalía Federal N°3 de Rosario, a cargo de Adriana Saccone (de la actual Unidad Fiscal Rosario). Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Federico Reynares Solari, titular de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos; el fiscal Juan Argibay Molina, a cargo de la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero. En la instancia de casación, intervino el fiscal general Javier De Luca.
“La ausencia de capacidad económica lícita para justificar las adquisiciones, las inconsistencias en las declaraciones brindadas, el empleo de la interposición de personas como herramienta elusiva del control de las operaciones y la existencia de maniobras destinadas a disimular el origen de los fondos, fue debidamente explicitado en el fallo, y no ha sido eficazmente rebatido por las defensas”, sostuvo el tribunal.
Los recursos
Las defensas de Matarochi y de su pareja, la de Norberto Derminio y la de Juan Derminio, recurrieron la sentencia del tribunal oral ante Casación. Las tres mujeres fueron absueltas, pero el TOF N°2 había ordenado el decomiso de bienes registrados a sus nombres.
Los cuatro solicitaron que se dejara sin efecto revoque el decomiso y se disponga la restitución de los bienes incautados. Matarochi solicitó, además, la absolución y, en subsidio, que el hecho fuera calificado como encubrimiento.
La resolución de Casación
En el acuerdo liderado por el juez Slokar, la Cámara rechazó los planteos de Matarochi vinculados con la imputación, la valoración de la prueba y su declaración de culpabilidad, así como el pedido de restitución de los bienes.
En cambio, por mayoría —con la disidencia de Yacobucci— hizo lugar parcialmente al recurso en lo referido a la determinación de la pena, anuló ese aspecto de la sentencia y ordenó el dictado de una nueva.
Al confirmar la responsabilidad del empresario, los jueces señalaron que las explicaciones de su defensa “resultan insuficientes para desvirtuar los nexos comprobados entre Matarochi y sujetos dedicados de manera sostenida al tráfico de estupefacientes y a otras actividades delictivas”.
El fallo destacó que la prueba producida durante el debate permitió acreditar que Matarochi, junto con Norberto Derminio, E.G. —quien permanece prófugo— y otros integrantes de la organización, “compraron o adquirieron, vendieron, transfirieron, administraron y buscaron disimular una gran cantidad de bienes provenientes de ilícitos penales con el objeto de que tanto ellos como los subrogantes adquirieran la apariencia lícita”.
Una comunidad económica y operativa
Los jueces también valoraron antecedentes judiciales vinculados con Norberto Derminio y su entorno y con otras personas relacionadas con Matarochi, así como las comunicaciones interceptadas y otros elementos de prueba. Según señalaron, esas evidencias permitieron establecer “una comunidad económica y operativa entre los integrantes del clan”.
En ese sentido, la resolución describió un mecanismo caracterizado por la falta de registración de vehículos a nombre de sus verdaderos poseedores y por sucesivas transferencias destinadas a generar “confusión patrimonial”.
En diciembre de 2023, al requerir la elevación a juicio, la fiscalía había identificado 146 operaciones que consideró vinculadas con maniobras de lavado de activos.
“Las maniobras permitían aparentar la licitud en la adquisición de nuevos bienes mediante el producido de ventas anteriores, dificultando el seguimiento del origen de los fondos y alejando la operación final del momento en que se obtuvo ilícitamente el dinero utilizado para su compra”, indicaron.
La Cámara también tuvo en cuenta la utilización de las sociedades Logística MM SRL y Doning SAS. Según el fallo, Matarochi puso esas firmas a disposición del entramado delictivo “con el fin de brindar la apariencia de legalidad y licitud al giro comercial de proveniencia ilegal”.
El decomiso de los bienes
En relación con los bienes decomisados, los jueces concluyeron que los elementos reunidos durante la investigación y las pruebas incorporadas al juicio permitieron acreditar su vinculación con la actividad ilícita y que, más allá de su titularidad formal, integraban el patrimonio de la organización.
“La ausencia de capacidad económica lícita para justificar las adquisiciones, las inconsistencias en las declaraciones brindadas, el empleo de la interposición de personas como herramienta elusiva del control de las operaciones y la existencia de maniobras destinadas a disimular el origen de los fondos, fue debidamente explicitado en el fallo, y no ha sido eficazmente rebatido por las defensas”, sostuvo el tribunal.
Respecto de los bienes registrados a nombre de las tres mujeres absueltas, la Cámara también confirmó el decomiso. “Quedó demostrado que tenían pleno conocimiento de los ilícitos precedentes llevados a cabo por sus parejas (en infracción a la ley 23.737, contrabando y su encubrimiento, amenazas, defraudaciones), adecuaron sus conductas prestando sus nombres para alejar los bienes adquiridos de sus titulares, adquiriendo y administrando numerosos bienes muebles e inmuebles”, indicó.
La investigación
La pesquisa sobre las actividades del denominado “clan Derminio” se inició a partir de distintos expedientes abiertos desde 2018, relacionados principalmente con narcotráfico, contrabando y operaciones patrimoniales que no se correspondían con el perfil económico de las personas investigadas.
En septiembre de 2021, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó 38 allanamientos simultáneos: 34 en Rosario y el resto en otros puntos de la provincia de Santa Fe y en la de Salta.
En uno de los departamentos allanados se incautaron más de 1,6 millones de dólares. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria
Los procedimientos derivaron en cinco detenciones y en el secuestro de automóviles de alta gama —entre ellos, un Ford Mustang GT—, camiones, camionetas, motocicletas y una embarcación. En un departamento donde residía Norberto Derminio, y que era propiedad de Matarochi, se incautaron 1.659.835 dólares.
En diciembre de 2023, al requerir la elevación a juicio, la fiscalía había identificado 146 operaciones que consideró vinculadas con maniobras de lavado de activos.
El empresario Matarochi, vinculado al transporte de cargas, figuraba como titular de las sociedades que, según la acusación, fueron utilizadas para introducir en la economía formal activos provenientes de actividades ilícitas, principalmente narcotráfico y contrabando de cigarrillos.