Un grupo de niños en edad escolar fueron obligados a agradecer al presidente de la Cámara de Diputados de La Libertad Avanza
Un video viralizado durante el fin de semana muestra a un grupo de niños de una excursión escolar en el Parque Arqueológico Saladillo, La Rioja, repitiendo la frase “¡Gracias Martín Menem!”. La indicación provino de una adulta que acompañaba la actividad y que, según se escucha en la grabación, amenazó a los menores con no permitirles regresar si no obedecían.
El episodio generó incomodidad entre los alumnos y reabrió la discusión sobre los límites entre educación y política, especialmente cuando la figura involucrada es el presidente de la Cámara de Diputados y referente de La Libertad Avanza en la provincia.
La paradoja es evidente: el propio Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, sancionó recientemente a un maestro de Banfield por expresar críticas políticas en clase. En ese caso, el ministerio recordó que «cualquier imposición ideológica vulnera los derechos de niñas y niños, amparados por la Ley de Educación Nacional y la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes».
Sin embargo, frente a lo ocurrido en La Rioja, no hubo pronunciamiento oficial ni medidas similares. La situación expone un doble estándar en la aplicación de sanciones y en la vigilancia sobre contenidos político-partidarios en las escuelas.
Desde distintos sectores de la comunidad educativa y política, la situación fue criticada como un claro ejemplo de adoctrinamiento. El video muestra cómo los niños se resistieron inicialmente a repetir la frase y recibieron presión para obedecer.
Organizaciones y familias destacan que estas prácticas vulneran la libertad de pensamiento y conciencia de los menores, y llaman a que se apliquen los mismos estándares de supervisión y sanción que en otros casos similares.
La línea gratuita 0800-222-1197, habilitada por el ministerio para denunciar adoctrinamiento, continúa activa. Sin embargo, este episodio demuestra que la protección de los derechos de los estudiantes depende de la imparcialidad institucional y de la voluntad política de aplicar las normas de manera consistente.
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