Sociedad

Grave crisis ambiental y financiera en el norte del país: ordenan contener derrames en pozo petrolero

La decisión fue tomada durante una audiencia convocada por requerimiento de la fiscal penal de Pichanal, Salta, María Sofía Fuentes

El pasado 27 de mayo, el juez de Garantías de Orán, Ramiro Morizzio, ordenó a la empresa operadora de Puesto Guardián la ejecución inmediata de medidas para contener los derrames provenientes del pozo petrolero LO-x10. La resolución judicial establece que los trabajos deberán ser afrontados íntegramente por la operadora, sin posibilidad de trasladar los costos ni las responsabilidades a terceros.

La decisión fue tomada durante una audiencia convocada por requerimiento de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes. Sin embargo, la empresa concesionaria del área, President Petroleum, no se presentó a la audiencia pese a haber sido debidamente notificada bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.

La crítica situación ambiental en la zona de Lomas de Olmedo, donde los pobladores denuncian derrames desde el 14 de agosto de 2023, se agrava por la delicada situación financiera de la compañía. President Petroleum se presentó en concurso preventivo en octubre de 2024, arrastrando una deuda superior a los 61,3 millones de dólares y una abultada nómina de acreedores. Entre ellos figuran inversores que compraron obligaciones negociables emitidas por la empresa en 2022, con un valor nominal superior a los 9 millones de dólares y vencimiento en los próximos seis meses. Las calificadoras de riesgo del mercado de capitales alertan sobre un inminente incumplimiento, reflejo del colapso financiero de la operadora.

Al borde de la quiebra, la empresa estudia iniciar un proceso contencioso federal con la intención de trasladar parte de la responsabilidad a YPF. La petrolera estatal fue responsable, en los años ochenta, de la perforación original del pozo LO-x10, que permanece inactivo y sin sellado adecuado, provocando los derrames denunciados. Fuentes técnicas estiman que el cierre definitivo del pozo requeriría perforaciones especiales con un costo estimado en 15 millones de dólares.

Mientras tanto, la comunidad afectada continúa sin respuestas efectivas, en medio de un desastre ambiental de consecuencias aún incalculables.

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