Gremios en alerta: la imputación a dirigentes sindicales será este jueves en Santa Fe

Maximiliano Molina, de ATE Rosario y CTA nacional; integrantes de la comisión directiva de Amsafe Rosario Román González y Franco Casassola; el delegado y docente Diego del Castillo y Daniel Vázquez, ex trabajador de Niñez, fueron trasladados a la capital provincial donde tendrán audiencia por daños calificados y obstrucción a una sesión legislativa

Los cinco gremialistas detenidos serán trasladados esta tarde a la capital provincial donde esperarán privados de la libertad hasta este jueves a las 9.30 cuando se lleve a cabo la audiencia imputativa por los delitos de daño calificado y obstrucción de la realización de la sesión que se hizo en la Legislatura el 12 de septiembre cuando se debatía la reforma del sistema previsional. 

Los trabajadores pertenecen en su mayoría a Amsafe y Ate Rosario por lo que sus referentes están en estado de alerta por lo que consideran una avanzada en la criminalización de la protesta y en la persecución a quienes luchan por mejores condiciones laborales.

Representantes de Amsafe, Ate Rosario y Ctera se concentraron cerca del mediodía de este miércoles para saber cuál era la situación de los trabajadores detenidos en las últimas horas luego de los siete allanamientos en unas de las puertas de ingreso de la Policía de Investigaciones (PDI), de Las Heras y Olegario Andrade.

Los apresados son Maximiliano Molina, de ATE Rosario y CTA nacional, y hermano de Lorena Almirón, secretaria general de ATE. Además, están los dos docentes e integrantes de la comisión directiva de Amsafé Rosario, Román González y Franco Casasola junto a Diego del Castillo, delegado de escuelas de Granadero Baigorria e Ybarlucea. El quinto es Daniel Vázquez, quien fue apresado en el departamento General López e identificado como un trabajador precarizado del área de Niñez que fue despedido recientemente. Este último, fue trasladado a la sede de la PDI Rosario para luego entre las 17 y 18 ser llevado junto a los otros cuatro a la ciudad de Santa Fe.   

Horas antes, familiares pudieron entrar para dialogar y llevarles agua mientras un equipo de abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) se presentó para interiorizarse de la causa. 

Julia Giordano, una de las letradas de la Apdh, explicó en diálogo con El Ciudadano que la causa que está a cargo de la fiscal de Santa Fe María Laura Urquiza por los delitos de daños calificados y obstrucción de la realización de la sesión que se hizo en la Legislatura a mediados de septiembre en los que hubo incidentes que derivaron en la rotura de la puerta principal. 

“A pesar de que los allanamientos fueron violentos, los cuatros están juntos y tranquilos acá en la PDI. No sufrieron hechos de violencia y pudieron ver a sus familiares. Una vez que lleguen a Santa Fe, tenemos que llamar para saber dónde los van a alojar”, describieron los referentes de los gremios docente y trabajadores del Estado. 

Desde Apdh agregaron que no les informaron especificaciones sobre la calificación legal o si serán acusados por algún delito específico. 

En ese marco, ATE Rosario dispuso una medida de fuerza: “Cese de tareas total del turno tarde a partir de las 16 y una concentración en plaza San Martín a las 17 para reclamar la libertad inmediata de los compañeros y que termine la persecución a los que luchan”, adelantó Lorena Almirón, titular de la sede Rosario del gremio de los estatales.

 

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