El fondo NML pidió al juez que extienda por 30 días la decisión para permitir que holdouts que aún no negociaron con el país puedan hacerlo. En tanto, el Gobierno volvió a solicitar poner fin a la medida cautelar. Griesa evitó pronunciarse sobre los pedidos.
Luego de una audiencia de dos horas, en la que participaron abogados del Gobierno y de los fondos buitre, el juez neoyorkino Thomas Griesa evitó tomar una decisión sobre el pedido argentino para levantar las restricciones que pesan sobre el país y que impide el pago a bonistas reestructurados.
Un día después del acuerdo con los fondos buitre más duros encabezados por el multimillonario Paul Singer, Griesa encabezó una audiencia para resolver sobre la restricción impuesta a la Argentina, pero el magistrado postergó, sin fecha precisa, esta decisión.
En una sala colmada en los tribunales del sur de Manhattan, Griesa escuchó durante dos horas a todas las partes y se reservó una decisión sobre el tema.
Tanto los fondos NML Capital y Aurelius, que llegaron a un preacuerdo con Argentina el lunes para pagarles 4.653 millones de dólares, como otros querellantes que aún no llegaron a un compromiso,pidieron al juez que otorgue un plazo adicional de 30 días para que continúen las negociaciones.
Así lo pidió expresamente el abogado del fondo NML de Paul Singer, Ted Olson.
Quienes también se opusieron a un levantamiento de la medida fueron los bonistas agrupados bajo el nombre «Pablo Varela», quienes el día anterior denunciaron sentirse discriminados por el mediador designado por Griesa, Daniel Pollack.
El representante de este grupo indicó en la audiencia que representan a pequeños ahorristas y no a grupos institucionales.
Los abogados de la Argentina habían solicitado la semana pasada a Griesa que levante la orden del pari passu o tratamiento equitativo a favor de esos fondos, de modo de permitir el retorno del país a los mercados financieros y el pago de sus bonos reestructurados en los canjes de 2005 y 2010.
En los últimos días, el magistrado dio señales de querer remover estas restricciones pero, a cambio, exigió que el Congreso derogue las leyes de Cerrojo y de Pago Soberano y que se pague a los acreedores que aceptaron la última propuesta hasta el 29 de febrero.
El Gobierno enviará esta semana los proyectos para derogar las dos normativas que impiden hacer una oferta mejor a los bonistas que no entraron a los canjes y por otro lado habilita la cancelación de deuda en el país.
En rigor, los fondos buitre y el resto de los bonistas -entre los que también se encuentra el grupo Varela de pequeños ahorristas- quieren que el juez no levante el embargo para negociar con mayor fortaleza y para evitar el riesgo de no cobrar.
Teniendo en cuenta los preacuerdos anteriores con otros acreedores que rechazaron los canjes, Argentina cerró compromisos por el 85% de las demandas y pagará una suma de 6.500 millones de dólares, según lo indicó el ministro Alfonso Prat-Gay, con una quita de 25% sobre 9.000 millones de reclamos judiciales.
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