El abogado penalista Gustavo Franceschetti, docente de la Facultad de Derecho de la UNR y ex titular en Rosario del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, pasó por el programa «Feos, Sucios y Malos», que se emite en dúplex por el canal de streaming elciudadanodario y Radio Universidad de Rosario (FM 103.3). Analizó, entre otros temas, el actual funcionamiento del sistema penal en la provincia y destacó que finalmente se haya puesto en marcha el juicio por jurados en los Tribunales locales.
-Usted fue protagonista principal en la implementación del entonces el nuevo sistema procesal penal, que prometía entre otras cuestiones la oralidad. Pero escuchamos en los últimos años, sobre todo de penalistas, que en realidad el promocionado nuevo sistema pasó a ser un festival de abreviados, juicios sin la publicidad correspondiente, sin esa posibilidad de tener a la vista las pruebas. También se afirma que el sistema de enjuiciamiento está colapsado, que hay unos 400 juicios en espera y que hacen faltan más recursos para que alguien que está encausado no termine esperando 6 o 7 años un juicio y muchas veces en prisión. Qué evaluación le merece.
-La expectativa allá por el 2007, 2008 y luego en el 2014 cuando se puso en funcionamiento al sistema de justicia penal, era una racionalización de qué era lo que se investigaba y se llevaba a juicio, que tenía que estar acorde con la cantidad de recursos humanos y materiales que se tiene.
Porque si uno pretende más de lo que el sistema puede dar, se va a encontrar con un colapso y con una mala respuesta. Y esto es lo que está pasando hoy en día. La demagogia punitiva lleva a que todo quiera ser investigado, todo quiera ser penado con la máxima pena posible y la cantidad de recursos no acompaña a eso. Pero tampoco es que esto se va a resolver poniendo un par de fiscales más o un par de jueces más. es como querer tapar el sol con las manos, no se puede. Entonces, ese desborde se traduce en morosidad, se traduce en que hay una gran cantidad de juicios atrasados, donde las prisiones preventivas, que no deberían durar más de 2 años, duran tres y están empezando a justificarse extensiones mayores.
Entonces, deberíamos volver a una racionalidad que es la siguiente: el sistema puede hacer, hablo de Rosario, 150 juicios por año. Esto, la oficina de gestión judicial con la Corte le debería decir al Ministerio Público: mire, yo puedo hacer 150 juicios por año, más no puedo hacer. Elija usted, Ministerio Público, cuáles son los 150 juicios que quiere hacer, porque usted es el que tiene la política criminal a su mano y decidir cuáles son los casos más graves que quiere llevar a juicio y los demás resuélvalos de otra manera.
Para eso tiene un abanico de alternativas, entre las cuales puede estar el juicio abreviado, puede estar la suspensión del juicio a prueba, pueden estar las mediaciones, conciliaciones, reparaciones y resolver sin necesidad de llevar a un juicio. Y me quiero hacer cargo de este punto que usted señaló en el que yo comparto donde hay, no diría que es un festival de abreviados porque un festival es para festejar, esto no es para festejar porque los abreviados deberían ser la excepción y no la regla. Y hoy son arriba del 95% de las condenas. ¿Por qué deberían ser una excepción? Porque tiene su razonabilidad el juicio abreviado. ¿Para qué vamos a hacer un juicio si todos los que participamos estamos de acuerdo en que la persona es culpable de un homicidio? No tiene sentido hacer el juicio. Ahora, cuando el 90, arriba del 95% de los casos se resuelven en un abreviado, uno empieza a sospechar de que la verdadera razón no es que estamos de acuerdo, sino que hay una parte que está siendo presionada por la otra para que adopte esa decisión.
-En algún momento decíamos el juez de instrucción era amo y señor, que ahí en su despacho encerrado, entre sus papeles, hacía y deshacía. El fiscal era poco más que una figura decorativa. Y ahora los roles invirtieron. Algunos fiscales parecen ser amos y señores, y las defensas poco pueden hacer ante este aire punitivista imperante. Parece que muchas veces se juzga por cuestiones políticas y no de acuerdo con cuestiones jurídicas. Y a veces los jueces parecen estar muy cómodos en un rol de escribanos, dicen algunos colegas suyos.
-No tengo ninguna duda en afirmar que estamos viviendo un proceso de contrarreforma procesal de la mano de vientos de demagogia punitiva. Aquel proceso penal acusatorio adversarial, oral, de racionalización del ejercicio del poder penal, de la racionalización de la pena y de la prisión preventiva. Hoy en día, de la mano de los mismos actores políticos, estamos viviendo una contrarreforma.
No solamente hoy se está empoderando mucho a los fiscales por encima del control que deben hacer los jueces, sino que es peor. Hoy hay un trasvasamiento del poder a manos de las agencias ejecutivas, a la policía y al la agencia penitenciaria, que son un retroceso clarísimo de todo aquello que se logró desde el año 2007 hasta el presente. Y entiendo no hubo un adecuado diagnóstico de la situación. La administración de justicia penal estuvo a la altura de las circunstancias, investigó, juzgó, condenó a las grandes bandas narcocriminales de la ciudad, como no lo hizo el sistema federal, e inclusive demostró que estaban integradas esas bandas narcocriminales con policías.
Por lo tanto, empoderar de vuelta a una policía que no fue depurada, que sigue siendo violenta, que sigue siendo corrupta, que sigue siendo oscura, nos va a llevar a consecuencias que hemos vivido ya en el pasado y que no son difíciles de predecir en el día de hoy.
-Se hizo finalmente en Rosario (en junio pasado) el primer juicio por jurados, un sistema que usted impulsó hasta que finalmente hoy se pudo concretar. Qué balance deja.
-El balance es muy positivo. El juicio por jurados en materia penal ya está instaurado en toda la provincia. Rosario era la última de las jurisdicciones. Siempre se empieza por las jurisdicciones más pequeñas y menos problemáticas. Sobre Rosario hay una especie de de temor en en cómo organizar los juicios por jurados. o en cómo pueden llegar a operar los medios de comunicación sobre la gente o las bandas narcocriminales sobre los jurados y cosas por el estilo. Pero tuvo un muy buen debut resolviendo un asunto que no era sencillo, que es: fue o no fue el acusado el autor de este hecho, que eso ya estaba claro de inicio, sino una cuestión bastante más relevante sobre qué ley había infringido y consecuentemente cuál es la pena que le iba a corresponder a esta persona. Lo decimos por si alguien no está avisado de esto: los jurados no deciden sobre la pena que se le aplica a la gente. Deciden si fue un femicidio o un homicidio simple.
-Cuando el jurado termina de escuchar a las partes sus argumentaciones, tanto de la defensa como de la fiscalía, se retira a deliberar; debe tener veredicto unánime o se puede hacer por mayoría?
-Santa Fe es la única provincia, siempre nos tenemos que distinguir por algo, que tiene un método que totalmente diferente al resto de las provincias. No hay una fórmula empaquetada de cómo debe ser un jurado, cómo debe ser el veredicto de un jurado. Hay voces a favor de el veredicto por unanimidad y hay voces a favor del veredicto por mayoría. Lo que pasa en la provincia de Santa Fe es que la ley marca la necesidad de que haya un veredicto unánime, pero el juez conserva la posibilidad de habilitar al jurado, si es que sabe o se da cuenta de que está cerca de lograr un veredicto por mayorías, habilitar a que dé un veredicto por mayorías. Hablamos de un 10 sobre sobre 12, ¿no? Bueno, todo esto es discutible a lo largo de la legislación comparada en el mundo. Hay distintos sistemas y pros y contra de cada uno de los sistemas.
