Un grupo de abogados y abogadas penalistas de Rosario presentó este martes un Hábeas corpus correctivo y colectivo contra la Orden Interna N° 20 del Servicio Penitenciario de Santa Fe, la cual establece nuevos requisitos para que los defensores particulares puedan entrevistarse con las personas privadas de su libertad. El recurso legal fue ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y denuncian la afectación al derecho de defensa y piden intervención del MPA.
Alcances de la nueva normativa
La directiva cuestionada, firmada por la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, representada por Lucía Masneri, dispone que los abogados particulares deben acreditar su designación como defensor técnico antes de ingresar a los penales. Según el documento, este trámite debe constar en los registros del interno.
En los casos de una primera designación, la orden exige que el abogado presente un documento firmado por un familiar del detenido o que realice un trámite previo vía correo electrónico con la unidad penitenciaria correspondiente.
Argumentos del reclamo
Los profesionales que suscribieron el planteo sostienen que el Servicio Penitenciario no posee facultades legales para controlar el ejercicio de la abogacía ni para crear un registro paralelo de nombramientos, una tarea que corresponde a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
En el escrito judicial, los letrados señalaron que la medida genera un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, al dificultar el contacto libre y privado entre el abogado y su defendido. «Los letrados no le decimos a los miembros del Servicio Penitenciario cómo cuidar presos, el Servicio Penitenciario no nos puede digitar cómo hacer nuestro trabajo», afirmaron en la presentación.
Discriminación y derecho de defensa
El texto presentado advierte que la disposición sólo afecta a los abogados particulares, excluyendo a los defensores públicos, lo que consideran un trato desigual. Además, subrayan que la incomunicación o la obstaculización del contacto con los defensores de confianza vulnera la Constitución Provincial y tratados internacionales de Derechos Humanos.
Los abogados indicaron que, si bien la orden podría buscar evitar irregularidades en las visitas, los medios elegidos son «excesivos» y se convierten en un «obstáculo más a la defensa técnica privada».
Pedido de investigación al MPA
El recurso solicita que se remitan las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue la posible comisión de los delitos de usurpación de autoridad y abuso de autoridad.
Según los denunciantes, la autoridad firmante de la orden estaría asumiendo funciones de la OGJ al pretender validar o rechazar designaciones judiciales.
Por este motivo, pidieron una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de la Orden Interna N° 20 y solicitaron la realización de una audiencia oral y pública para tratar el caso.
Abogados que presentaron el Hábeas Corpus:
Antonela Travesaro, Rodrigo Mazzuchini, José Luis Giacometti, Franco Galazzo, Aníbal Rodríguez, Juan Ubiedo, Juan Pablo Castagna, Sergio Larrubia, Fiorella Pozzo, Enrique García, Jorge García Coupe, Pablo Bedouret, Natalia Rubio Molina, Mariano Cabrerizo, Mauro Tolotti, Elia Bollecich Masters, Candela De Marchi, Juan Ignacio Sosa Quinteros, Juan Pablo Mc Cormack, Romina Bedetti, Rosana Rizzo, Yamile Abdul Al, Adrián El Juri, Néstor Antenucci, María del Carmen Varela, Gonzalo Rucci, José María Villadelmoros, Cristian Ariel González y Patricia Guzmán.
