Los profesionales solicitaron a la Justicia que deje sin efecto una orden interna que exige la acreditación previa de la designación judicial para ingresar a las cárceles. «Los letrados no le decimos a los miembros del Servicio Penitenciario cómo cuidar presos, el Servicio Penitenciario no nos puede digitar cómo hacer nuestro trabajo», afirmaron