A pedido del Ministerio de Seguridad Nacional y fiscales de la Procunar, el juez federal Rodríguez Da Cruz declaró la necesidad de una investigación especial en zonas específicas de la ciudad de Rosario
En un paso histórico en la lucha contra el crimen organizado, la Justicia Federal autorizó por primera vez la aplicación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como ley Antimafia, en un área geográfica concreta de la ciudad de Rosario. La decisión fue adoptada por el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, a partir de un pedido formulado por el Ministerio de Seguridad Nacional y fiscales del Ministerio Público Fiscal.
Con esta decisión, Rosario se transforma en el primer territorio del país donde se activa formalmente la Ley Antimafia. Es un paso firme dentro de una estrategia federal que articula inteligencia criminal, despliegue operativo y acción judicial coordinada para enfrentar a las organizaciones criminales que operan sobre el territorio.
La medida se sustenta en la Resolución 572/25 del Ministerio de Seguridad Nacional, firmada por la ministra Patricia Bullrich, que instruyó solicitar formalmente la habilitación judicial para desplegar herramientas especiales de investigación en determinados barrios rosarinos, frente a la reiteración de hechos delictivos graves y la presencia activa de organizaciones criminales con anclaje territorial.
Durante la audiencia realizada en los Tribunales Federales de Rosario, participaron el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, y el director nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, en representación del Ministerio. También estuvieron presentes los fiscales Diego Iglesias (PROCUNAR), Matías Scilabra (PROCUNAR NEA), Juan Argibay Molina (PROCELAC) y Javier Arzubi Calvo (Unidad Fiscal Rosario), quienes acompañaron el planteo judicial en nombre del Ministerio Público Fiscal.
La resolución judicial habilita la conformación de una zona sujeta a investigación especial, según el artículo 4º de la Ley Antimafia, y autoriza el uso de herramientas excepcionales de investigación dentro de un perímetro geográfico delimitado, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado para desarticular organizaciones criminales complejas mediante una intervención focalizada y provista de mayores recursos procesales, logísticos y operativos.
Como parte de la estrategia institucional, la investigación penal se articula además con el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe a través de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que coordina el accionar de fiscales federales y provinciales para potenciar la persecución penal y ordenar las competencias jurisdiccionales conforme la normativa vigente.
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