Hay 140 pedidos de desalojo en Rosario y hoy vence el DNU del gobierno que lo impedía

El vencimiento del decreto 320/20 que obligó a prorrogar los contratos, congelar alquileres y suspender los desalojos por falta de pago que vence este miércoles amenaza a dejar en la calle a miles de personas que se encuentran en una situación compleja. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) alrededor de 8 millones de personas alquilan en la Argentina y, en promedio, destinan el 40% de sus ingresos para cubrir los gastos de alquiler. Según los resultados de una encuesta del  Centro de Estudios Legales y Sociales  (CELS) y el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín en el Área Metropolitana de Buenos Aires, durante la cuarentena el 66,6% de los hogares inquilinos tuvo menos ingresos y el 42,3% acumuló deudas de alquiler, datos que publica el diarioar. En Rosario, desde marzo 2020 hasta marzo 2021 se presentaron en los cinco juzgados de Circuito (que son los competentes) unos 140 expedientes que incluyen pedido de desalojo.  Desde Tribunales aclaran que eso no quiere decir que ya estén lanzados los desalojos, porque algunos están frenados por el DNU de la Nación, mientras que otros no (depende de muchos factores: si son viviendas únicas, particulares o comerciales, etc.). Si se cae el DNU puede ocurrir que se reactiven centenares de expedientes que están tramitando desde años anteriores y que fueron frenados por la iniciativa del gobierno. Por eso, los datos hay que tomarlos con mucha precaución, el panorama es muy dinámico y no se sabe claramente a cuantas personas podría afectar.

Por parte del Gobierno, en la última prórroga del decreto se concedió extender de 6 a 12 las cuotas en las que se puede pagar la deuda pero no habilitar algún subsidio para ayudar a cancelarlas, como sugirió el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina. “Esto es una sábana corta; piden al Estado que sea un barril sin fondo y es imposible», argumentó en diálogo el diarioar Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, y aseguró que el Gobierno ya destina recursos de asistencia social directa “a un montón de situaciones”.

El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat declaró que los desalojos serán “contenidos” a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que deberá implementar instancias obligatorias de mediación, y que solo se podrá realizar un desalojo sobre aquellos contratos de locación inscriptos en el registro de AFIP. Según explicaron en ACIJ, ambas medidas son incompatibles con la nueva Ley Nacional de Alquileres, donde se dispone que las mediaciones no son obligatorias y, al mismo tiempo, que los únicos contratos que deben inscribirse en AFIP son aquellos firmados luego de junio de 2020.