Política

Hay fecha: se hará un juicio por la verdad por los fusilamientos de José León Suárez

El 17, 18 y 19 de junio, en San Martín, serán las audiencias en la causa que por primera vez en 70 años dejará inscripto en la justicia la verdad de los crímenes cometidos en junio de 1956, durante la dictadura de Aramburu y que fueron narrados en el libro Operación Masacre, de Rodolfo Walsh

Después de muchos años de insistir, de décadas para los familiares de víctimas y sobrevivientes, la Justicia federal de San Martín estableció la fecha de juicio: el próximo miércoles 17 de junio a las 9.30 empieza el juicio por la verdad, que investiga los crímenes cometidos en José León Suárez en junio de 1956.

Para la mayoría de los argentinos, la historia es conocida por la obra periodística y literaria de Rodolfo Walsh: Operación Masacre. Este libro es, justamente, una de las pruebas fundamentales en la causa.

Serán tres días de audiencias: 17, 18 y 19 de junio en el Auditorio Hugo del Carril, calle Sáenz Peña 4151, José León Suárez. El objetivo es que la ciudadanía pueda participar de este evento histórico. Muchas escuelas, además, serán invitadas a asistir. El auditorio tiene capacidad para unas 500 personas.

El 9 y 10 de junio de 1956 durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, doce hombres fueron secuestrados de una casa en Vicente López para fusilarlos en un basural de José León Suárez. Cinco de ellos fueron efectivamente fusilados pero los demás sobrevivieron. Los fusilados esa noche fueron: Carlos Alberto Lizaso, Nicolás Carranza, Mario Brión, Vicente Rodríguez y Francisco Garibotti. Los sobrevivientes: Juan Carlos Livraga , Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Miguel Ángel Giunta y Julio Troxler.

Era la madrugada del levantamiento del general Juan José Valle y el militar Raúl Tanco contra la dictadura que había tumbado el gobierno de Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, después de dos bombardeos. El partido justicialista estaba prohibido y lo estaría por 18 años más.

Cuando se confirmó la realización de un juicio, hace unos meses, el abogado que impulsa la causa, Alberto Palacio, dijo a este medio: “El libro es uno de los elementos principales como prueba en la causa, para lograr el juicio (…) Está probado que la orden, la ley marcial que disponía de alguna forma los fusilamientos, fue dictada y publicada posteriormente a la detención de los compañeros reunidos en Villa Martelli. Esto implica una vulneración de un principio constitucional central que es la irretroactividad de la ley, y que da fundamento principal a la posibilidad de continuar con el juicio y de considerar la absoluta arbitrariedad de la decisión adoptada. Más allá de de la absoluta ilegalidad de todo el procedimiento y de la dictadura, es decir fuera del sistema democrático, particularmente se da un hecho específico que fue tenido muy en cuenta por el jurado y es la publicación de la ley marcial en fecha posterior a la detención de las personas en Villa Martelli, que después que fueron trasladadas a la jefatura departamental de San Martín y después llevadas al descampado para su fusilamiento”.

Cuando fue el 40° aniversario, en 1996, se creó en el partido de San Martín la Comisión de Familiares de Víctimas y Sobrevivientes de José León Suárez. El camino judicial empezó en 2023, con el impulso de esta comisión de familiares y también la Comisión por la Memoria de San Martín.

Declararán familiares de las víctimas, como Berta Carranza. También, los periodistas Eduardo Anguita y Roberto Baschetti, por sus investigaciones. Juan Carlos Livraga, «el fusilado que vive», es el único sobreviviente, actualmente en Estados Unidos, y declarará de forma virtual.

Los juicios por la verdad son procesos judiciales que tienen como objetivo revelar los hechos de un caso concreto, sin culminar con la imposición de una pena. En este caso, además, los criminales ya no están. El Estado argentino está obligado a investigar crímenes de este tipo y dar algún tipo de reparación a las víctimas y familiares. Conocer la verdad de los hechos es un derecho de todos los argentinos.

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