El cuestionamiento a la propuesta belga expone las diferencias de criterio entre los principales asesores presidenciales y el malestar regional por un esquema tarifario que afecta directamente al comercio exterior.
El proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal entró hoy en una fase de extrema tensión tras la impugnación formal presentada por Jan De Nul contra su competidora Deme. La actual operadora del dragado denunció «irregularidades críticas» en la oferta técnica y financiera de su rival, incluyendo el uso de usuarios no autorizados para la carga de datos y una presunta falta de solvencia para afrontar el contrato.
Esta maniobra legal busca dejar a Jan De Nul como único oferente en pie, luego de que la brasileña DTA Engenharia fuera recomendada para descalificación por fallas en su garantía de mantenimiento.
Mientras los peritos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) analizan la validez de las ofertas, el frente externo suma presión por el cobro de peajes. Desde el organismo se filtró la intención de aplicar un nuevo incremento tarifario para financiar las obras de profundización, una medida que el gobierno de Paraguay calificó de «unilateral y confiscatoria». El presidente Peña ya inició gestiones para desviar parte de su flota hacia el puerto de Montevideo, advirtiendo que una tarifa superior a los 1,30 USD por tonelada liquidaría la competitividad de los armadores regionales.
Hacia adentro de la Casa Rosada, la adjudicación de la Hidrovía se ha convertido en un nuevo campo de batalla para la interna oficialista. El sector liderado por el asesor Santiago Caputo mantiene una disputa abierta con el entorno de los Menem y Karina Milei por el control operativo de la ANPYN, el ente que debe poner la firma final a la concesión en mayo.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, observa con cautela estos movimientos, consciente de que cualquier retraso o impugnación judicial podría comprometer el ingreso de inversiones por 10.000 millones de dólares previstas para los próximos 30 años.
El dictamen técnico de la Comisión Evaluadora, esperado para las próximas 48 horas, determinará si la licitación sigue su curso con competencia o si se encamina hacia una contratación directa encubierta. Con la auditoría de la ONU observando cada movimiento, el Gobierno enfrenta el desafío de garantizar transparencia en una obra estratégica que define el costo logístico del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.
Fuente: filonews
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