Histórico: ya juzgan en Rosario a productores y ex funcionarios por contaminar y atentar contra la salud con el uso de agrotóxicos

Fotos: Juan José García

Este miércoles 4 de febrero empezó en los Tribunales Federales de Rosario un juicio donde se investigará el delito de contaminación por fumigación con agrotóxicos en la localidad bonaerense de Pergamino.

La causa cuenta unos cien testigos y tiene en el banquillo de los acusados a siete productores agropecuarios y dos ex funcionarios públicos, acusados por omitir controles obligatorios y uno de ellos además está encausado por amenazas. Ellos son: Carlos Sabatini, José Luis Grattone, Hugo Sabatini, Cristian Taboada, Fernando Cortese, Mario Reinerio Roces, Víctor Hugo Tiribó, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini.

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodrigues Da Cruz.

Una de las caras más visibles de esta causa es la de Sabrina Ortiz, querellante, víctima de las fumigaciones y denunciante desde 2011, cuando perdió un embarazo de casi seis meses. Ortiz vio en ella y sus hijos los efectos de la intoxicación, aunque le fue muy, muy difícil llevar adelante la pelea y conseguir aliados. Entre otras personas, ella es una de las que consiguió que este miércoles la Justicia se comprometa a escuchar sus denuncias y sus dolores.

El pasado lunes, en medidas preliminares, la defensa intentó conseguir una probation (suspensión del juicio a prueba) pero fue rechazada. Este miércoles fue la primera audiencia, que consistió en los alegatos de apertura y la indagatoria de los imputados. En esta primera audiencia seis de ellos estuvieron presentes y uno la siguió de forma virtual.

El fiscal a cargo es Federico Reynares Solari, a cargo del Área Investigación y Litigio de Casos Complejos, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico. Durante su exposición, enumeró en qué consiste la prueba presentada en la causa, entre las que esperan las declaraciones de personal policial —que constató los campos y las fumigaciones hechas—, personal médico —que trató a las víctimas y puede definir qué sintomatología común presentaron—, funcionarios, profesionales, trabajadores y vecinos de Pergamino.

Cuáles son las acusaciones

Reynares Solari indicó que pretenden demostrar que las acciones de fumigación no fueron acciones privadas protegidas por la Constitución, como una actividad industrial más y lícita. Sino que “el modo específico de esta actividad agropecuaria no empezaba y terminaba en el terreno, en el campo, en la parcela” y “tiene como consecuencia la contaminación de la superficie, del aire y del agua, deriva de pesticidas la muerte de animales, y graves problemas en la salud de los habitantes de la localidad de Pergamino con síntomas comunes, desde afecciones respiratorias hasta enfermedades terminales”.

Habló de “daños en la existencia”, para referir a lo que vivieron las víctimas de este tipo de acciones en los campos alrededor de la ciudad. El fiscal subrayó: “La verdad aceptada por la ciencia nos respalda”.

En este punto, indicó que el uso de los plaguicidas empleados por los acusados “afectan la salud de la comunidad violando las normas de protección ambiental, por eso estamos en una sala de audiencia con consecuencias penales”. Denuncian este tipo de acciones aplicadas desde 2011, con especial énfasis entre 2018 y 2019.

Por su parte las defensas esgrimieron diversos argumentos, desde considerar que los hechos a investigar no son de competencia federal a indicar que los químicos utilizados representan también un costo al productor o que las parcelas donde se aplicaron químicos eran muy pequeñas y que no hubo dolo.

Desde la querella se planteó que no se trata de imputaciones genéricas sino que se incluyen las figuras de autor, coautor y partícipes. Además, dijeron que se van a respaldar en la ley de residuos peligrosos: “La querella no tiene reparos en llamar a los agrotóxicos como veneno, enferman a las poblaciones. Los cuerpos de las personas afectadas hablan por sí mismos”.

En la jornada, las denunciantes estuvieron acompañadas por familiares y también por integrantes de organizaciones ambientales. Uno de ellos fue Pablo Riveros, de Semilla del Sur y director general de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba. En diálogo con El Ciudadano manifestó que esperan que esto “siente un precedente muy importante para poner conocimiento y orden en la actividad productiva que está afectando a la salud humana y ambiental”.

“Vinimos a acompañar a la vecina de pergamino en un juicio que se está dando por fumigaciones con agrotóxicos, venimos acompañando a las Madres de Barrio Ituzaingó que han tenido un juicio similar en Córdoba hace ya muchos años”, expresó.

De la provincia de Santa Fe hubo integrantes de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Carlos Manessi dijo a El Ciudadano: “Venimos a acompañar a los compañeros, a Sabrina, fundamentalmente, que es afectada y además querellante. Para nosotros es muy importante este juicio porque es el primero a nivel federal. En la provincia hemos tenido ya un par de juicios a favor, pero este viene a nivel federal, así que es fundamental”.

Manessi consideró que es hito judicial: “Es un hito porque la justicia federal en este momento está demostrando una independencia importante en estos temas. No hay que olvidarse que los que están siendo juzgados son del agronegocio, del lobby sojero, las grandes corporaciones, un entramado muy fuerte y muy poderoso. Que hayamos conseguido traerlos al banquillo de los acusados es un hito importante”.

Para el militante ambiental, este juicio es también “un juicio a un modelo de producción basado en los químicos que produjo mucho daño en el ambiente y en las personas”.

Este jueves 5 de febrero habrá otra audiencia y a lo largo del mes tres más, el 5, 12, 24 y 25 desde las 9 de la mañana.