Horacio Tabares, quien desde los años 80 trabaja con grupos de jóvenes vulnerables, centra la preocupación en el inicio temprano del consumo de sustancias psicoactivas, tanto sean legales como ilegales. En charla con El Ciudadano, expone no sólo su preocupación sino que llama la atención sobre la insuficiencia de políticas públicas efectivas para hacer frente a este problema individual y social.
“El debate sobre políticas públicas de drogas está plagado de interferencias y obstáculos”, sostiene. Y advierte: “Provienen del peso que tienen los intereses en juego y que frenan un abordaje realista y objetivo sobre la cuestión”.
Ante la pregunta sobre la relación entre la exposición al consumo que tienen los jóvenes, sobre todo en estado de vulnerabilidad física y simbólica, y el negocio que representa este avance del consumo para el capitalismo global, Tabares no duda: “Pesa muchísimo. Las relaciones y los vínculos que hay entre los grupos de poder y aquellos que especulan con la comercialización y con la rentabilidad que tienen las drogas ilegales son altamente complejas. Podemos ver algunos datos que nos dan organismos internacionales: se calcula que en estos momentos en el mundo hay unos 250 millones de consumidores de drogas ilegales, y aquí no están contemplados el alcohol, la nicotina ni los psicofármacos”.
—¿Esto quiere decir que abastecer a ese universo de consumidores exige dispositivos productivos de comercialización y de distribución enormes y que cuenten con el aval de asociaciones delictivas, instituciones públicas y de ciertas capas de las fuerzas de seguridad?
—No podría existir un aparato tan poderoso –que según cálculos de especialistas recoge una masa de dinero equivalente a 1.000 millones de dólares anuales– sin una organización de esta envergadura, la que no podría existir sin la complicidad espuria de fuerzas de seguridad, de políticos venales, e incluso de sectores de la Justicia…
—…Y del mundo financiero…
—Exacto. Quien se plantée abordar con seriedad y objetividad el problema de cortar con estos flujos, tiene que investigar el aparato bancario financiero; ya que los activos se “limpian” a través de estos dispositivos.
—¿Cómo cree usted que debe abordarse este problema que se le aparece a la sociedad como intrincado y complejo?
—Lo que aconsejan los especialistas es abordarlo de manera global. Por un lado la prevención, que va dirigida a reducir la demanda. Entre paréntesis, debemos advertir que nosotros estamos muy atrasados en la elaboración de estrategias preventivas, nos hemos quedado. Es cierto que hay que reducir la demanda, pero también hay que atender a esta población que ha quedado en estado de vulnerabilidad por el consumo y en situación de riesgo. Por lo tanto, deberíamos tener dispositivos clínicos y terapéuticos que aborden los distintos niveles de consumo y las complejidades que cada uno de estos niveles implica.
—¿Cuáles son esos niveles?
—Una cosa es el consumo de chicos de clase media y otra muy distinta el de chicos en la marginalidad y el desamparo simbólico y material y que deambulan por nuestro barrios y las villas. Hay que contar con dispositivos que atienden a todas estas distintas necesidades, incluidos los diferentes grupos etarios; los adultos mayores que tienen un alto consumo de psicofármacos no recetados e incluso de alcohol entran en estas categorías a las que hay que darles atención y contención.
—Hay dos conceptos complejos: la baja percepción social del riesgo, esa parte de la sociedad que no indaga, no se interesa, los que van como anestesiados y que parecen insensibles al tema; y, paralelamente, el uso de la droga como un modo de control social.
—Exactamente. Ambos remiten a una cuestión: nosotros hemos trabajado mucho con el consumo de drogas psicoactivas legales e ilegales en relación a la cultura. De otro modo no se podría entender esto de “baja percepción del riesgo”; es decir, hay sectores importantes de la sociedad que consideran que consumir determinado tipo de sustancias no implica riesgo alguno…
—…Incluidos profesionales y funcionarios, algunos de los cuales están muy bien catalogados…
—Exactamente. ¿Qué es lo que demuestran las últimas investigaciones científicas sobre este tema? Que no hay sustancia psicoactiva que no provoque efectos. Esto tiene que estar bien informado a la sociedad. Tienen que existir estrategias para comunicar e informar sobre los riesgos de consumir sustancias. Todo esto nos marca cuál es el grado de percepción social de los riesgos que tienen grupos humanos en relación a los efectos que esas sustancias causan. En esto influye el mensaje del consumo en general, debajo del cual se escamotea el verdadero peligro del uso de ciertas sustancias y se crea la fantasía que esos efectos pueden ser fácilmente manejables.
—¿Es recurrir al nefasto concepto del “mal menor”, cuando la sociedad fantasea con que “consumir un porrito” no hace nada?
—Hoy el centro de la preocupación nuestra es en el inicio precoz del consumo en niños, púberes y adolescentes; son justamente las edades en las cuales se anudan y se decantan las disposiciones al consumo. Pero, además, hay otra cuestión, el adolescente está transcurriendo un proceso de desarrollo con una estructura neurobiológica que alcanza su plenitud de desarrollo pasados los 21 años. La ingesta de sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales en este período genera riesgos y aumenta su vulnerabilidad; por lo cual ellos todavía no pueden establecer un análisis crítico de qué es aquello que los puede dañar o no. Y esa percepción de riesgo es baja porque hay una cultura que la propicia; que es la misma que propicia todo tipo indiscriminado de consumo.
—¿La reducción del daño acaso no implica, aunque sea indirectamente, un aval para el consumo?
—Una cosa es reducción del daño como estrategia clínica terapéutica y otra muy distinta es reducción del daño como política pública, donde Uruguay es un ejemplo de lo segundo. Reducción de daño como estrategia clínica hacemos todos los profesionales que trabajamos en este campo, porque nos toca evaluar la situación concreta e individual, ya que la abstinencia total se da en muy pocos pacientes. Pero en las políticas publicas la reducción de daño se la vive como un modo de no discriminación o estigmatización, y lo que no se puede negar es el daño que producen las sustancias psicoactivas. Y es justamente por este camino que van transcurriendo las diferentes etapas del consumo: una, de experimentación; la otra, la de ser usuario de drogas; la otra, la de ser abusador, y, por último, se entrará en la fase de dependencia.
—Entonces, ¿el consumo social existe?
—Sí, existe. Hay gente que a lo mejor queda toda la vida en esa etapa.
—¿El consumidor social es un adicto?
—No. Adicto es una persona que ya no puede autorregular su consumo; y no lo puede autorregular porque hay dispositivos neurobiológicos, emocionales, cognitivos y psicológicos que hacen que esta persona cuando empiece a consumir se desborde al carecer de recursos de autocontrol.
—¿Son personas con estructuras psíquicas más vulnerables?
—Todas las estructuras psicopatológicas de alta complejidad se dan en individuos mucho más vulnerables y más propensos al consumo. Que, por otra parte, responde a la sociedad que les está ofreciendo consumir lo que sea. Éstas son personas de alto riesgo, porque sus niveles de angustia y sufrimiento son muy altos. Quien sufre, busca recursos para aplacar su sufrimiento. Y la sociedad le ofrece tabaco, alcohol, estimulantes, psicofármacos, los que van abriéndole el camino.
—De lo que usted expone lleva a preguntarse si el “consumo social” en boca de funcionario no se transforma un acto de irresponsabilidad…
—Exactamente. Por otro lado, nadie puede saber el nivel de vulnerabilidad que cada uno de nosotros tiene.
—Hubo épocas que el uso de ciertas drogas se las vinculaba con hechos creativos y artísticos, ¿hoy eso se terminó o se lo usa como un eslabón en la cadena de comercializar el consumo?
—Es el poder que tienen algunos grupos económicos financieros para lucrar con este consumo. Negocios de mucho dinero y que además están asociados al Estado.
—¿Pero en este tipo de situaciones no se debería exigir que el Estado, a través de sus instituciones de prevención y salud, esté presente del lado de los vulnerables?
—Sí, pero está presente sólo para un trabajo burocrático. Y nuestras instituciones, por mejor trabajo que hagamos, no son suficientes para hacer frente a tan gran desafío.
—Argentina asistió a un cambio de gobierno y de signo político, ¿cree usted que este cambio puede hacer albergar una esperanza para atacar el consumo desmedido de sustancias adictivas?
—Con las políticas nacionales, no. Ajuste y desocupación traerán bajos presupuestos para las políticas sociales y de prevención. Para tratar de visualizar el futuro cercano basta con indagar cuánto paga el Estado para la atención de pacientes con trastornos por drogas. Y cuántas becas del Sedronar se asignan en Rosario y en el resto de la provincia.
