En los operativos fueron identificados más de 70 presuntos responsables de los mensajes sobre ataques inminentes, el 95% menores de edad. Por orden de Fiscalía, la Policía secuestró celulares, aparatos informáticos y hasta algunas armas
Las saga de amenazas sobre inminentes ataques en escuelas de Santa Fe escaló luego del episodio en un colegio de San Cristóbal en el que, el 30 de marzo, resultó asesinado el adolescente de 13 años Ian Cabrera por los disparos que hizo un compañero de 15. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia informó este jueves que hasta el momento recibió más de 400 denuncias por avisos similares. A partir de ellas, se ordenaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias al cabo de los cuales quedaron identificadas más de 70 personas presuntamente responsables de los mensajes violentos.
En un comunicado, el MPA reiteró que no se trata de bromas o picardías sino de delitos, a tono con el calificativo que le dieron altos funcionarios santafesinos.
Las amenazas sobre potenciales hechos violentos se concretaron a través de carteles, pintadas, avisos de tiroteos. En algunos casos, incluso y de acuerdo al texto de Fiscalía, estuvieron acompañados por la exhibición de armas reales o de juguetes y/o material balístico.
El MPA señaló que a partir de las denuncias y las investigaciones hay un proceso de individualización e identificación de los presuntos responsables de los hechos, en un accionar que incluye detenciones, allanamientos de viviendas o requisas domiciliarias. Además de secuestros de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, computadoras e incluso armas: blancas, de fuego (pistolas de gas comprimido con balines), cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22.
Hasta el 21 de abril último, sigue el comunicado, Fiscalía actuó en relación a unas 404 denuncias en todo el territorio provincial. De ellas, precisa el texto, 75 corresponden a la Fiscalía Regional 1 con centro en la capital santafesino, 238 a la Fiscalía Regional 2 asentada en Rosario, 33 a la Fiscalía Regional 3, 23 a la Fiscalía Regional 4 y 35 a la Regional 5.
En los mismos operativos, se identificaron al menos 73 personas a quienes se les adjudica responsabilidad por las amenazas. De ese total, 15 corresponden a la Fiscalía Regional 1, 23 a la 2, 17 a la 3, 4 a la 4 y 14 a la 5. El 95% de las mismas son menores de edad.
En este contexto, el MPA solicitó a padres, familiares y personas adultas, sean o no convivientes, extremar las medidas de seguridad sobre cualquier arma de fuego o material balístico presentes en el hogar.
«Es imperativo que dichos elementos permanezcan bajo llave en espacios de guardado seguros y completamente fuera del alcance de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (conforme ley 20.429, decreto 395/75 y anexo 1 de la Resolución de Renar –ex Anmac– 119/18)», refiere el comunicado. Y recuerda: «La responsabilidad en la guarda es un factor determinante para prevenir conductas de riesgo».
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