Identificaron a un desaparecido más en el Pozo de Vargas

En el marco de las pericias y el trabajo continuo de recuperación de la memoria histórica, se confirmó una nueva identificación en el centro clandestino de inhumación clandestina conocido como el Pozo de Vargas, en la provincia de Tucumán. Se trata de Carlos Rafael Medina González, un estudiante universitario de 20 años que fue secuestrado en su domicilio en abril de 1976, durante los primeros meses de la última dictadura cívico-militar.

Con este hallazgo, la cifra de personas cuyos restos han sido restituidos con nombre y apellido en esta fosa asciende a 122, sobre un total de al menos 149 personas halladas en el lugar, marcando un nuevo hito en la reconstrucción de la verdad y la justicia en el país.

El Pozo de Vargas es la fosa clandestina más grande del país. Se encuentra en la zona de Tafí Viejo, al noroeste de San Miguel de Tucumán, «una construcción circular de tres metros de diámetro y 37 de profundidad». Tal como indica el sitio oficial del Equipo Argentino de Antropología Forense, en 2004, «el GIAAT (Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán) realizó las primeras pruebas que permiten determinar que allí hay restos humanos. En los años siguientes, luego de atravesar obstáculos presupuestarios, comienza una excavación arqueológica que requirió casi dos décadas de trabajo en el lugar, llevadas adelante en su mayor parte por el CAMIT (Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán)».

Además, cuentan que «la forma en la que fueron arrojados los cuerpos, la estructura interna del pozo y la humedad del ambiente, y las características de la excavación tuvieron como consecuencia que los restos óseos que se fueron levantando a lo largo de años de trabajo estuvieran mezclados y fragmentados: no se recuperaron esqueletos individualizables como suele ocurrir, en general, en las inhumaciones que se realizaron en los cementerios sino 38.000 restos óseos, junto con otras evidencias, como ropa y pequeños objetos. Además, no se encontró ningún registro documental que contuviera información sobre cuántas personas habían sido arrojadas o de dónde provenían. Esta situación supuso un trabajo complejo en extremo tanto para la antropología como para la genética».

El EAAF empezó a recibir los restos en 2011, para darles tratamiento primero con el fin de determinar cuántas personas habían sido inhumadas en el lugar. Hasta ahora pudo establecer en 149 el número mínimo de individuos a través de los perfiles genéticos y comenzar el proceso de identificación y de reagrupación intraesqueletal, es decir de volver a reunir todos los huesos que pertenecen a cada uno de los 121 hombres y 28 mujeres que fueron recuperados de la fosa común.