Una nueva controversia salpica a los operativos de seguridad del Gobierno tras la difusión de imágenes que muestran a un efectivo de civil disparando contra manifestantes frente al Congreso de la Nación, durante las protestas de la semana pasada contra la Ley de Tierras.
A través de redes sociales y testimonios de referentes políticos y judiciales, el agente fue identificado como el comisario inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Gustavo Antonio Gauna. En las imágenes viralizadas se observa al policía actuando sin uniforme ni identificación visible, disparando en trayectoria horizontal hacia el cuerpo de los manifestantes, una maniobra que viola de forma directa los protocolos sobre uso de armamento disuasivo y postas de goma.
Vínculos y antecedentes
Juan Grabois recordó la intervención de Gauna en su detención: «Este mismo señor que aparece en la foto, Gustavo Antonio Gauna, mano de obra de Patricia Bullrich y ex custodio de la ministra, fue quien me detuvo arbitrariamente en junio del año pasado por orden de Javier Milei durante una protesta pacífica en el Instituto Perón cuando me desempeñaba como abogado», detalló.
«En ese expediente, el juez Ramos, prevaricador de la causa «Lago Escondido» y bon vivant de countries exclusivos, me procesó irregularmente a pedido de Mahiques utilizando el testimonio de este hombre que alude haberse “lesionado la mano”. Gauna es un engranaje de la maquinaria de represión y persecución del gobierno vendepatria, hambreador y corrupto protegido por el poder judicial de turno. Esperemos que en el marco de la denuncia presentada por la represión se investigue a este señor. Pedido de informes en Diputados», agregó.
Reclamo
A raíz del episodio, el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) presentó un proyecto para citar a la Cámara de Diputados a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El legislador busca que la funcionaria aclare la presencia de agentes sin identificar en las movilizaciones y el uso de métodos discursivos y represivos al margen de las normativas vigentes.
«Nos genera enorme preocupación la utilización de métodos que están reñidos con las garantías constitucionales y la vigencia de la democracia. Argentina no está en estado de sitio y nada justifica un operativo que viola las garantías básicas», enfatizó Paulón.
Desde la oposición remarcan que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón recurrente en la gestión de las fuerzas de seguridad para amedrentar la protesta social.
