Una magistrada le dio plazo al gobierno provincial hasta noviembre para difundir estudio de impacto en el ambiente acerca de la extracción de arena silícea en la zona de Ibicuy, sobre el río Paraná, a raíz de la demanda de una ONG contra la provincia, el municipio e YPF
Una jueza de Entre Ríos fijó como fecha máxima el 31 de octubre próximo para que el Gobierno de esa provincia presente un estudio de impacto ambiental acumulativo (EIA) por la explotación de arenas silíceas en el Delta entrerriano, que debieron suspenderse ante el reclamo de gremios y fundaciones ambientales.
La jueza María Valentina Ramírez Amable resolvió que la difusión y divulgación del estudio a la ciudadanía tanto general como de la zona afectada, se realice durante el mes de noviembre.
También ordenó que la secretaria de Ambiente provincial, Daniela García, presente cada 15 días un informe a la Justicia detallando los avances del estudio, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal entrerriano.
La decisión judicial surge de un pedido de la Fundación «Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista» en el marco de una acción de amparo ambiental contra el gobierno provincial, el municipio de Ibicuy y contra YPF, a cargo del establecimiento El Mangrullo.
La arena se utiliza en el yacimiento Vaca Muerta para realizar fractura hidráulica o fracking, una extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales.
El fracking es una técnica de perforación mixta (vertical y horizontalmente) de varios kilómetros, donde se fractura la roca y se inyectan millones de litros de agua a alta presión, mezclada con arena y una serie de aditivos químicos.
En mayo de 2022, la jueza ordenó a «suspender nuevas canteras en la zona de extracción de arenas silíceas hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo» en la zona y estableció un máximo de 180 días.
El estudio debe evaluar «la zona de extracción, las plantas de lavado, los caminos públicos por los que circulan camiones y maquinaria pesada, y la interacción de la actividad con las poblaciones de la región».
También exige la participación ciudadana en el estudio, ya que lo que se busca es «proteger el bien natural de carácter mineral» de la zona.
Además, la jueza obligó a realizar muestreos de calidad del agua, con estudios de toxicidad, y monitoreos de calidad de aire y agua en el delta entrerriano.
Si bien no se presentaron los resultados, el Estado Provincial comunicó que restaba la última etapa que finalizaría en octubre, y que informará los resultados en una reunión pública en Ibicuy, y también en su página web y en un email.
Luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial en agosto del 2022, la empresa minera Orosmayo SA había iniciado los trámites para asentar sus plantas de extracción y extraer 2,8 millones de toneladas de arena silícea en 5 años, consumiendo 429.333.000 litros de agua subterránea.
En ese entonces, el juez Hugo González Elías recordó el dictamen judicial que ordenaba que el Estado paralice «todo trámite» que habilite a estas empresas sin delimitar «la zona afectada», y se suspendieron los trabajos.
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