Una investigación muestra estrategias empresariales y gubernamentales para superar los límites permitidos para el desmonte durante 15 años. Solo “en 2024 el 55% de la madera extraída en la provincia del Chaco provino de desmontes ilegales a través de autorizaciones especiales”
Las leyes de protección existen. Los vericuetos para vulnerarlas, también. Un estudio encabezado por un equipo científico argentino y publicado en revista Nature demostró que entre 2009 y 2024 El Impenetrable chaqueño perdió 490 mil hectáreas de bosque, y que diversas maniobras administrativas permitieron “blanquear” deforestación ilegal.
El trabajo, liderado por Matías Mastrángelo, Sebastián Aguiar y Vera Krause, relevó 15.042 permisos de uso forestal, 127.632 guías de transporte de madera y decisiones oficiales tomadas entre 2009 y 2024. La conclusión es que hubo recategorizaciones de tierras, permisos silvopastoriles que devinieron en desmontes totales y autorizaciones para extraer más madera de la que el bosque puede producir. Maniobras utilizadas no excepcionalmente sino como modalidad sistemática.
Así, tal como como consignó el portal Eco News, entre el 16% y el 28% de los permisos habilitaron la extracción de entre dos y tres veces la cantidad de madera disponible. La interpretación del equipo de investigadores es que ese excedente permitió incorporar al circuito legal madera obtenida en zonas “rojas” donde según la normativa no está permitido el desmonte.
En cuanto a las “autorizaciones especiales”, los datos muestran que solo en 2024 el 55% de la madera extraída en la provincia de Chaco proviene de desmontes ilegales con este tipo de autorización. Con multas que no implicaron freno alguno, dada la irrelevancia del monto.
También en 2024 hubo una modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques que se difundió como una mejora en materia de protección pero que excluyó 270.000 hectáreas desmontadas ilegalmente y disminuyó la protección de otras 220.000. De este modo, casi medio millón de hectáreas quedaron habilitadas para el desmonte.
Esa votación, en plena madrugada, fue denunciada en su momento por organizaciones ambientalistas que advertían que ponía en peligro más bosque del que decía proteger. “Con lo que se votó anoche se viola el principio de no regresividad ambiental presente desde la ley general de ambiente. También es violatorio en cuanto a los procedimientos, ya que no se realizaron los procesos participativos y técnicos que establecen la ley y el Consejo Federal de Ambiente. Es violatorio en el contenido de la norma, ya que no cumple con el requisito de no regresividad ambiental. Es violatorio de leyes internacionales”, enumeró por entonces Débora Páez, de Somos Monte, en diálogo con Tiempo.
El artículo publicado en Nature examina las políticas y normativas sobre bosques desde 2009 hasta 2024. Detalla seis estrategias administrativas que promovieron la deforestación y redujeron deliberadamente la protección de zonas conservadas de bosque nativo en Chaco.
El trabajo –del que también participó la investigadora alemana Julius Kühn-señala que estas estrategias se dieron durante los mandatos de Jorge Capitanich (PJ) y Juan Carlos Bacileff Ivanoff (PJ), Domingo Peppo (PJ) y Leandro Zdero (UCR).
De acuerdo a la ley de bosques nativos, las provincias deben contar con un ordenamiento territorial para clasificar las zonas según su nivel de conservación: rojo, con bosques son inalterables; amarillo, para permitir actividades de bajo impacto; y verde, donde se puede modificar el terreno con autorización. La clasificación debería ser revisada cada cinco años.
El estudio expone –como detalla La Nación– que ante el pedido de 60 grandes propietarios las autoridades chaqueñas recategorizaron en 2012 zonas protegidas, pasándolas de amarillo a verde. Entre 2013 y 2018, esas empresas desmontaron 34.300 hectáreas. Un mecanismo que se volvió sistemático.
Al mismo tiempo, en zonas amarillas el estudio detectó que el 64% del área forestal con permiso de manejo silvopastoril es “indistinguible respecto a la tierra completamente desmontada, debido a la mortalidad gradual de los árboles dispersos y la interrupción forestal”. En tanto, se dieron permisos para extraer más del doble de lo que el bosque puede proveer de madera.
De los casi 8000 permisos otorgados entre 2010 y 2024 ‒sobre una superficie de 784.000 hectáreas‒ se superaron los límites o cupos de extracción de madera en las autorizaciones de uso silvopastoril (28%) y en las de extracción selectiva (22%).
Las autoridades actuales aseguraron que se redujo este tipo de maniobra durante su gestión, pero no es lo que muestra el estudio, que analizó hasta 2024. Sobre ese año, de hecho, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció un mecanismo de corrupción en los permisos y la fiscalización de los desmontes. “Nuestra investigación revela el entramado político-empresarial detrás del desmonte en Chaco”, planteó en su momento el abogado ambientalista Enrique Viale.
A esto se suma la práctica de “blanquear” la madera obtenida en desmontes ilegales. Algo registrado a niveles crecientes en el estudio publicado en Nature: “Hallamos que la autoridad subnacional había emitido autorizaciones especiales sobre 6800 hectáreas hasta 2019, mientras que en los últimos cinco años [2020–2024] emitió autorizaciones especiales sobre un área casi diez veces mayor [62.700 hectáreas de desmonte ilegal] que en la década previa”. Bajo el actual gobierno, “en 2024 el 55% de la madera extraída en la provincia del Chaco provino de desmontes ilegales a través de autorizaciones especiales”.
Fuente: Tiempo Argentino
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