Mañana por la tarde se celebrará la audiencia contra la ex funcionaria del Ministerio de Educación de Santa Fe, que participó de una actividad bailable prohibida en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Este miércoles fueron imputados los cuatro propietarios del bar de la ciudad de Rafaela por no haber hecho cumplir el distanciamiento social la noche del lunes 20 de julio, que desató el escándalo por la presencia de una ex funcionaria provincial durante la celebración por el Día del Amigo.
La fiscal Fabiana Bertero también adelantó que este jueves por la tarde se desarrollará la audiencia imputativa a Romina Indelman, ex delegada de la Región III del Ministerio de Educación de Santa Fe, que estaba en el lugar y transita el proceso en libertad.
La funcionaria del MPA informó que «la calificación penal atribuida a los imputados es la establecida en el artículo 205 del Código Penal de la Nación». En tal sentido, explicó que «la norma refiere a quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia».
«El delito que investigamos fue cometido el pasado lunes 20 de julio», precisó Bertero sobre la imputación contra G. S. (39 años), M. S. (40), L. S. (46) y A. M. (47).
En tal sentido, la fiscal Bertero relató que «el imputado -de iniciales L. S.-, en su carácter de propietario del establecimiento comercial ubicado en bulevar Santa Fe al 300 y como encargado del lugar, actuó en forma conjunta y de previo acuerdo con los restantes socios imputados. Con ánimo de lucro violaron las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de la epidemia del Covid-19».
En las cuatro audiencias realizadas esta tarde, la funcionaria del MPA indicó que «permitieron el ingreso y permanencia al lugar de 75 personas, excediendo con ello el máximo de personas habilitadas. También, organizaron el desarrollo de actividad bailable».
Bertero subrayó que «estas circunstancias fueron constatadas por personal perteneciente a Protección Vial y Comunitaria de Rafaela».
Por otra parte, detalló que «se violaron las medidas dispuestas por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, los del Poder Ejecutivo Provincial y también lo estipulado en el Decreto Municipal Nº 50.584 del pasado 6 de junio».
Finalmente, la fiscal especificó que «todo ello fue en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud en fecha 11 de marzo y la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el DNU Nº 260/20».
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