Tras una serie de medidas por el crimen de Alem Montenegro ocurrido el 23 de marzo pasado, cuando recibió dos disparos por la espalda en los incidentes que se produjeron en esa cárcel, la fiscal ordenó un allanamiento y encontró el teléfono de la víctima en poder del agente del Grupo de Requisas
Un agente penitenciario de la Unidad Penal 1 de Coronda fue imputado este sábado por sustraer el teléfono celular del interno Alem Montenegro, asesinado de dos balazos por la espalda cuando estaba en el techo del pabellón 9 en las revueltas que se originaron el 23 de marzo pasado en los reclamos por medidas sanitarias para la pandemia del covid-19.
La acusación está a cargo de la fiscal de Delitos Complejos de la capital provincial Mariela Jiménez, quien intentar determinar responsabilidades del Servicio Penitenciario junto a sus pares Ezequiel Hernández y Marcelo Nessier.
El hecho se descubrió en el marco de la investigación por el homicidio de Alem Montenegro ocurrido el 23 de marzo pasado en las revueltas que se produjeron en diferentes pabellones de la cárcel de Coronda, donde los reclusos exigieron medidas sanitarias en el marco de la pandemia del coronavirus.
El joven de 23 años fue asesinado de dos disparos por la espalda cuando estaba en el techo del pabellón 9 Módulo Norte, donde están alojados los reclusos oriundos de la capital provincial.
Los detectives del Organismo de Investigaciones hicieron tareas en el penal para determinar responsabilidades e identificar los autores de las detonaciones con balas de plomo y descubrieron que Montenegro tenía un celular pero no lo hallaron.
Luego de una serie de medidas que incluyeron la toma de declaraciones a posibles testigos y el análisis del material fílmico del penal, la fiscal ordenó un allanamiento y encontró el teléfono en poder del agente penitenciario, quien integra el Grupo de Requisas y ordenó su detención, describieron los voceros del caso sobre la acusación.
En la imputativa, que se realizó por videoconferencia este sábado por la mañana, la fiscal le atribuyó al agente el delito de “violación de los medios de prueba e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Tras escuchar a las partes, la jueza Susana Luna aceptó la acusación de la Fiscalía contra el funcionario del Servicio Penitenciario y dispuso, como argumentó la defensa, que el imputado transite el proceso en la libertad en una medida alternativa a la prisión preventiva.
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