La Justicia dio lugar a la solicitud de la cartera a cargo de Juan Cabandié. Podrá participar de todas las instancias de la investigación que se tramita en el Juzgado Federal n.° 1 de Paraná por las quemas intencionales que ya cuenta con siete imputados
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, informó en la tarde de ayer que la cartera a su cargo fue reconocida como querellante en la investigación por las quemas intencionales en la zona de las islas del delta del río Paraná. La Justicia dio lugar a la solicitud del Ministerio, lo que le permitirá participar de todas las instancias de la causa que se tramita en el Juzgado Federal n.° 1 de Paraná.
“No vamos a parar hasta solucionar definitivamente esta situación que pone en serio riesgo el ecosistema compartido por Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires”, señaló Cabandié, quien aseguró que “desde el Ministerio se velará por la integridad de la biodiversidad y el cuidado del hábitat de numerosas especies de flora y fauna que habitan la zona”.
Desde que se reanudaron los incendios en junio, el Ministerio inició acciones para enfrentar el conflicto. Cabandié suscribió la denuncia penal contra quienes provocaron de manera intencional las quemas; brindó recursos —junto a la Administración de Parques Nacionales— para combatir los focos (como un camión hidrante, helicópteros y brigadistas forestales); entregó a Santa Fe dos equipos colectores de aire; y sobrevoló la zona afectada en dos oportunidades.
Los incendios siguieron registrándose en la zona, por lo que el Gobierno nacional destinó nuevos aportes en materia de apoyo económico y logístico. Los ministerios de Ambiente, de Seguridad y de Defensa desplegaron aviones hidrantes, observadores, helicópteros y buques. Los recursos se sumaron al combate terrestre de los numerosos brigadistas forestales de la Nación, Santa Fe y Entre Ríos, que junto a bomberos voluntarios, trabajan para sofocar los focos ígneos.
En paralelo, el Ministerio trabaja para encontrar una solución integral y llegar a un acuerdo interjurisdiccional —consensuado por la Nación y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires— para establecer pautas de sostenibilidad y asegurar la preservación de la zona.
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