Organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en Chile intensificaron sus reclamos frente al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para frenar las iniciativas legislativas y los llamados a otorgar indultos o beneficios carcelarios a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.
El régimen dictatorial liderado por el general Augusto Pinochet se extendió en Chile durante 17 años, desde el golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973 hasta el retorno a la democracia en 1990. Durante ese período, miles de ciudadanos sufrieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, prisión política y torturas a manos de agentes del Estado. El juzgamiento y las sanciones penales contra los responsables de estos crímenes de lesa humanidad se consolidaron en los años 2000.
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales entregó el viernes 28 de agosto una carta dirigida al presidente de la República, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda. En el documento, las agrupaciones manifestaron un categórico rechazo a las iniciativas y peticiones para conceder perdones o reducciones de penas a responsables de represiones e infracciones graves a los derechos humanos.
La protesta apunta principalmente a la tramitación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley impulsado por sectores de la derecha que propone otorgar la libertad o rebajar las condenas a personas presas por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990, así como por otros delitos graves. La propuesta, que ya obtuvo la aprobación del Senado, beneficiaría a más de 700 reclusos, de los cuales unos 370 corresponden a sancionados por crímenes de lesa humanidad y 365 a condenados por delitos comunes como homicidios, violaciones y abusos sexuales.
A la par de este proyecto, parlamentarios oficialistas han promovido pedidos para que el Ejecutivo aplique la medida de indulto a efectivos de Carabineros y las Fuerzas Armadas recluidos por abusos cometidos durante la represión a las protestas del estallido social de 2019.
Sobre esta materia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, afirmó previamente en declaraciones públicas que la concesión de indultos «dependerá de las circunstancias del caso», indicando que el Gobierno ha recibido más de 40 solicitudes relativas a causas de lesa humanidad, del estallido social y delitos comunes. Rabat integró en el pasado el equipo jurídico que defendió a Augusto Pinochet en las investigaciones por la Operación Colombo y el Caso Riggs.
La entrega de la misiva en La Moneda contó con la participación de la senadora Fabiola Campillai, quien cuestionó los beneficios y las salidas diarias otorgadas a condenados por violaciones a los derechos humanos, haciendo referencia al caso del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por el ataque que le provocó a la legisladora la pérdida irreversible de la vista. Asimismo, Alicia Lira, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos, criticó la lentitud en la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos y exigió que dicha política pública se consagre por ley.
Como parte de las acciones de visibilización, las organizaciones anunciaron que la tradicional romería hacia el Cementerio General, programada para el próximo 6 de septiembre en el marco del 53.º aniversario del golpe de Estado de 1973, se llevará a cabo bajo el lema central «No a los indultos».
