Insólita amenaza de Fopea al juez Ramos Padilla por el periodista Daniel Santoro

Por Infonews

Este martes, el operador periodístico Daniel Santoro, perteneciente al hegemónico Grupo Clarín y recientemente desvinculado del GrupoAmérica, en el programa «Animales Sueltos», conducido por Alejandro Fantino, deberá presentarse a declaración indagatoria en el juzgado Federal de Dolores.

El juez federal Alejo Ramos Padilla espera por su presencia en el marco de la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio por extorsión y asociación ilícita, en la que también se encuentra involucrado el polémico fiscal Carlos Stornelli, quien hace tres meses se encuentra en estado de rebeldía.

Santoro, quien ingresó a Clarín en 1990, y es uno de los editores del equipo de judiciales, fundó –con otros colegas– el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y lo presidió entre 2002 y 2007.

En este marco, el mismísimo Fopea, emitió un polémico comunicado en el que afirma que la citación de Ramos Padilla puede implicar «una criminalización de la labor periodística».

Amenazó además que «si se diera la detención de Santoro eso constituiría un hecho sin precedente en la democracia Argentina».

«A Fopea le preocupa, entre otras cosas, que durante su investigación e indagatoria, el juez intente obligar a Santoro a revelar información sobre sus comunicaciones confidenciales con fuentes de información y la identidad de esas personas», dice el comunicado.

«Esto representaría un quiebre significativo en el respeto por el secreto profesional, que no solamente es consagrado dentro de la Constitución Nacional sino también en los tratados internacionales de derechos humanos, a los cuales Argentina adhiere. Se trata de un derecho fundamental para asegurar un libre flujo de información entre los periodistas y sus diversas fuentes», señala el organismo.

Cabe destacar que la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de de prensa han sido sistemáticamente ignorados e invisibilizados por las empresas hegemónicas nucleadas tanto en Adepa como en Fopea, y que ambas entidades usualmente  desconocieron y se desentendieron de los conflictos que se suscitaron en el gremio durante los últimos años.

«Frente a la posibilidad de que el juez ordene la detención y embargo de bienes de Santoro, Fopea reclama que se respete y defienda el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo en libertad, sin secuestro de sus elementos profesionales, limitaciones ambulatorias o de relacionamiento con sus fuentes, ni persecución u hostigamiento de ningún tipo», sostuvo el texto.

Agregaron en defensa del polémico operador periodístico que «Fopea alerta que si se diera la detención de Santoro eso constituiría un hecho sin precedente en la democracia Argentina, ya que desde 1983 no han habido casos donde a los periodistas se los encarcele por el ejercicio de su profesión en el relacionamiento con sus fuentes».

Cabe recordar la intentona por parte del gobierno de Cambiemos de silenciar y amedrentar a los medios opositores durante 2016. En septiembre de ese año, Tanto Fopea como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habían presentado el ofensivo “Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística”.

El mismo no era otra cosa que apenas un pomposo título para en definitiva buscar cercenar la libertad periodística y el accionar de los diferentes actores en el gremio de prensa.

Con respecto al tema Santoro, desde Fopea dijeron además que «el ejercicio periodístico el mero hecho de entrevistar en público a una fuente, o el intercambio de mensajes con una fuente informativa, no son “indicios de un nivel de coordinación” entre el periodista y el entrevistado para cometer un ilícito, como erróneamente sugiere la resolución de Ramos Padilla, quien dice reconocer y respetar la tarea periodística, pero a la vez la criminaliza con sus sucesivas resoluciones en relación con Santoro. Las entrevistas y el contacto con fuentes de toda naturaleza forman parte de la rutina diaria y permanente en los medios de comunicación».

En este sentido, concluyeron que «atacar estas prácticas es alimentar la campaña de hostigamiento y persecución contra el periodismo profesional que se viene dando desde hace muchos años en nuestro país, impulsada desde sectores políticos que no comprenden la importancia y la necesidad de la sociedad de contar con periodistas comprometidos con la investigación de los hechos, profesionales y veraces en el tratamiento de la información».