Insólito: tercerizados municipales escracharon la casa de un abogado ambientalista en San Nicolás

El mes pasado, la Suprema Corte de Buenos Aires embargó el sueldo del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, por realizar obras dentro de una reserva natural que estaban expresamente prohibidas por una medida cautelar dispuesta por ese máximo tribunal de justicia provincial. Los ministros basaron la decisión en desobediencias reiteradas por parte del mandatario municipal para acatar la orden judicial.

En los hechos, el intendente desoyó fallos judiciales y continuó operando con maquinaria pesada dentro de un área protegida donde se avanzó sobre 70 hectáreas de bosques nativos. Y en los dichos desmereció la cuestión ambiental cuando acusó tanto al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof como a los miembros de la Corte de prohibirles a los nicoleños disfrutar del río en verano.

Luego de ser embargado con una multa millonaria, Passaglia anunció en distintos medios periodísticos el cierre de playas durante la temporada 2024 como una decisión ajena a su voluntad y fue desmentido por la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), que publicó el fallo completo de la Corte junto a un comunicado en el que los ambientalistas expresaron que ni las playas ni las tareas de mantenimiento y seguridad fueron clausuradas por la Justicia. Sin embargo no todos entendieron lo mismo.

Este martes, operarios de la cooperativa de trabajo Unión Total, que brinda servicios tercerizados al municipio de San Nicolás, hicieron un escrache en el domicilio familiar de uno de los abogados de Fomea para responsabilizarlo por el cese de contrataciones por parte del municipio. Doce trabajadores se concentraron en la puerta de la vivienda con dos caballos que obstruyeron el ingreso y egreso del domicilio particular.

“Desde hace más de dos años, en dos turnos, venimos trabajando todos los días en el mantenimiento y limpieza del camino que lleva a las playas. Hoy nos dijeron que ese trabajo se cortó”, explicó al diario El Norte de San Nicolás Claudio Figueredo, uno de los referentes del nucleamiento de trabajadores.

No obstante, el lugar que eligieron los trabajadores para exigirle a la Municipalidad que continúe contratándolos motivó distintas interpretaciones, en particular porque días antes la comisión directiva de Fomea había alertado que los trabajadores eran presionados por funcionarios municipales para realizar un escrache frente a la vivienda de su representante legal ante la ONG, el abogado ambientalista Fabián Maggi.

En un comunicado que la Asociación Civil hizo circular por las redes sociales un día antes del escrache difundieron: “Alertamos desde Fomea que lo que pueda suceder en la isla Ballestero, con la creciente, es pura y total responsabilidad de los funcionarios municipales, con el intendente a la cabeza. Sabemos que están tramando culparnos, no sólo por el tema de las playas, que ellos clausuraron, sino que están incitando y tratarán por todos los medios de culpar al Dr. Fabian Maggi, buscarán escracharnos y escracharlo”.

El conflicto que generó el avance de obra pública sobre bosques nativos y humedales dentro del Parque Rafael de Aguiar se inició en 2019 con la sanción de un Código Urbano Ambiental sin participación ciudadana que fue cuestionado por distintas organizaciones de San Nicolás y actualmente se encuentra judicializado.

Mientras se resuelve la cuestión de fondo, la Justicia dispuso una medida cautelar que suspende algunos puntos de la ordenanza municipal 9.949/19, entre ellos el que le quita carácter de “zona protegida” al Parque Rafael de Aguiar (renombrado como EcoParque) que hizo de base para la deforestación de bosques nativos y humedales, el desvío de cursos de agua, la construcción de terraplenes y puentes flotantes para llegar en auto a la isla.

Luego de varias intimaciones a la Municipalidad para que respete la orden judicial, el mes pasado, la Suprema Corte embargó el sueldo del intendente con una multa diaria de dos unidades Jus (casi 18.000 pesos) que aplicaron de forma retroactiva desde el 16 de mayo pasado, cuando se le notificó la medida, cifra que superó los dos millones de pesos.

En el mismo fallo se volvió a intimar a la Municipalidad de San Nicolás a que paralice de manera “inmediata” las obras nuevas y retire las máquinas de la reserva natural.

Las obras ejecutadas por el gobierno nicoleño dentro de la reserva natural tampoco fueron reconocidas por la provincia de Buenos Aires que en agosto pasado, a través de la Autoridad del Agua (ADA), las consideró “ilegales” y dictaminó que el Municipio deberá reparar el daño ambiental y “restituir el terreno a su estado natural”.

El dictamen se refiere a la zona de la isla Ballestero, donde el verano pasado el intendente construyó balnearios públicos para los que desmontó más de 70 hectáreas de bosque nativo de “categoría Rojo”, protegidos por ley por su estado originario. Y además ejecutó unos seis kilómetros de terraplenes y canalizaciones sobre las lagunas El Saco y la Quebrada, obras consideradas “clandestinas” por la ADA porque no las autorizó el Poder Ejecutivo de la provincia con competencia en la materia.