Investigan a un diputado libertario de Misiones por tenencia de pornografía infantil

En las primeras horas del martes, efectivos de la Dirección de Cibercrimen y de la Secretaría de Asistencia a Investigaciones Complejas (SAIC), bajo la orden del juez Miguel Ángel Farías, irrumpieron en la residencia de Kiczka.

El operativo fue parte de una investigación que comenzó en febrero, cuando las autoridades allanaron el domicilio del padre y del hermano del diputado. Encontraron en aquella ocasión material relacionado con pornografía infantil. Este hallazgo inicial desencadenó en una investigación más amplia, que ahora apunta directamente al legislador.

En el allanamiento, las fuerzas de seguridad incautaron una computadora personal, dos teléfonos celulares y un pendrive, dispositivos en los que hallaron materiales de abuso sexual infantil, zoofilia e incesto. Aunque la investigación está en pleno desarrollo, la mesa directiva Activar solicitó a Kizcka que «renuncie a su banca de diputado«.

Pedro Puerta, quien hasta hace poco se mostraba públicamente como un aliado de Kiczka, tomó distancia. Solicitó a través de un comunicado que el diputado renuncie a su banca y fueros.

Por su parte, Kiczka, en un intento de desmarcarse de las acusaciones, emitió un comunicado en el que asegura estar dispuesto a colaborar con la justicia y subraya que la causa involucra principalmente a sus familiares.

«Esta mañana, personal de la policía de la provincia allanó mi vivienda, en el marco de una causa que es de público conocimiento e involucra a familiares míos. Como lo hice desde el primer día, quiero dejar en claro que estoy a disposición de la justicia para colaborar en lo que se necesite, con el fin de esclarecer lo más rápido posible esta situación», declaró el diputado, quien hasta ahora permanece en libertad debido a sus fueros.

El contexto de la investigación es particularmente inquietante. La causa en la que está implicado Kiczka forma parte de una operación internacional contra la explotación sexual infantil, liderada por la fiscal especializada en delitos informativos, Daniela Dupuy.

Esta operación, conocida como «Guardianes Digitales de la Niñez«, involucró a diversas fuerzas de seguridad y organizaciones internacionales como la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, por sus siglas en ingles). Las autoridades utilizan software especializado para rastrear estas actividades y los dispositivos incautados son analizados por expertos en informática forense, en busca de archivos que fueron eliminados.

Fuente: Tiempo Argentino