El fiscal federal Ramiro González solicitó una serie de medidas de pruebas al juez Ariel Lijo por supuestas irregularidades en los aportes de campaña de Cambiemos en 2015. Entre los sospechosos figura el Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires
La revista "Forbes" realizó un durísimo pronóstico sobre el país.
Por Tiempo Argentino
El fiscal federal Ramiro González solicitó el levantamiento del secreto fiscal sobre empresas sospechadas de haber participado del financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos que, en 2015, llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada.
El pedido presentado ante el juez federal Ariel Lijo incluye los balances de gastos proselitistas y de los gobiernos nacional y porteño, entre otras medidas, y apunta especialmente a determinar el posible desvío de recursos desde el Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.
La presentación de González supone una ampliación de la investigación por los aportes truchos de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2017.
Sucede que el planteo del fiscal fue realizado sobre la base de los testimonios de esa investigación que comprobó que distintos beneficiarios de planes sociales y pequeños empresarios habían sido anotados como falsos contribuyentes de la campaña de los comicios de medio término. El caso judicial fue iniciado por el fiscal Jorge Di Lello tras una denuncia del sitio web El Destape.
González requirió a Lijo que «se solicite a la Justicia Nacional Electoral se sirva remitir los balances donde consten los estados contables relativos a los gastos de campaña electoral del año 2015 correspondientes a Cambiemos».
El fiscal remarcó que ya en la causa que sigue Di Lello se “manifestó que existían correos electrónicos intercambiados entre integrantes del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires con el proveedor identificado como CAP Publicidad SRL en los que se presupuestaban” diferentes materiales como “globos, sombrillas, lapiceras y banderas con el slogan de Cambiemos y la leyenda ‘Macri 2015’ por un valor total de unos 5 millones de pesos pero que, pese a ello, en la rendición de cuentas final figuran apenas 600 mil pesos.
Además, González requirió al magistrado que se solicite a los gobiernos nacional y porteño información sobre una lista de funcionarios que estarían vinculados con el proceso de financiamiento electoral.
Sobre las empresas investigadas, la fiscalía solicitó que se pida «al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ)» un informe sobre «la composición accionaria, balances y estatutos de las empresas “CHK Servicios Audiovisuales SRL”, “CAP Publicidad SRL” y “Televaz”, desde el año 2014 a la actualidad».
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