La intervención judicial en marcha en el Hospital Italiano, que atraviesa una severa crisis económica y financiera, se dispuso tras un lapidario informe que elevó la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) al juez Marcelo Quiroga, quien lleva adelante el concurso preventivo de la entidad desde 2008. En el escrito, la IGPJ pidió desplazar a la comisión directiva tras constatar “actos graves” en la administración y el funcionamiento, que incluyó la “violación de leyes” vigentes y al “estatuto y reglamento” de la institución.
La intervención judicial del Hospital Italiano se dictaminó hace diez días. Por entonces, el juez en lo Civil y Comercial Marcelo Quiroga dispuso que quien llevara adelante a la institución fuera un triunvirato integrado por un médico, un abogado y un contador, cuyos nombres serían ofrecidos por los colegios profesionales que los agrupan.
A esa instancia se llegó fruto de la severa crisis financiera que atraviesa la histórica sociedad de beneficencia, que funciona legalmente como una asociación civil. El hospital está trabajando al 20 por ciento de su capacidad operativa y ha dejado de prestar varios servicios. Aunque ahora se promete reactivarla, este diario dio cuenta de que días atrás dejó de funcionar por completo la maternidad, una de las más prestigiosas y reconocidas de la provincia. Además, a los trabajadores se les adeuda el salario de septiembre y el medio aguinaldo.
En ese marco fue que la IGPJ, que depende del gobierno santafesino, pidió la intervención y el desplazamiento de la comisión directiva, que hasta ahora era integrada por Pablo Melvin (presidente), José María Drovetta (secretario) y Fabián Diez (director médico). La solicitud llegó de la mano de un crudo diagnóstico. El Ciudadano informó la semana pasada algunos puntos de ese escrito, pero la revisión en detalle entrega datos sobre varias irregularidades más cometidas.
A modo genérico y antes de desglosar la información, la IGPJ señala en el texto elevado al juez que constató (tras el encargo de una auditoría) que el hospital “no lleva contabilidad, ha cedido hasta el mes de junio de 2016 gran parte de la facturación, tiene cheques rechazados por 27.160.978,20 pesos y presenta dificultades para acceder a la información”.
“Gravísima irregularidad”
El escrito detalla luego que la ausencia de “contabilidad y libro rubricado Caja o Diario” es una “gravísima irregularidad” ya que “impide determinar claramente cualquier política de gestión, flujo de fondos de efectivo y relación de ingresos y egresos”.
“Estas falencias de por sí resultan graves en cualquier empresa, pero en una que tiene la magnitud y objeto como la presente toman una significación mucho mayor”, agrega.
Tras eso, el informe menciona que “al no haberse cumplido” con la resolución que obliga acompañar y registrar en la propia IGPJ todos los antecedentes de designación de autoridades, también “queda cuestionada la asamblea que ha nombrado a la actual (ahora removida) comisión directiva atento que no hay constancia de designación de la anterior”. “Si a ello se le suma que el libro de registro de asociados se encuentra defectuosamente completado y que no se puede integrar la información faltante –pago de cuotas de los asociados–, la estructura orgánica de la entidad resulta seriamente cuestionada”, añade el informe.
El escrito también hace referencia a cómo podría seguir impactando la compleja realidad del Italiano en la prestación de servicios, sus médicos y trabajadores.
“De las presentaciones efectuadas se evidencia que la entidad se encuentra en una situación no sólo de caos administrativo-contable, sino también respecto de los profesionales que trabajan en la misma, lo que se torna mucho más delicado en una empresa de salud donde está en juego la atención de los pacientes. La cesión de facturas realizada por la comisión directiva pone en serio riesgo la posibilidad de continuidad de la entidad, atento que posiblemente no se cuenten con fondos para pagar sueldos, adquirir insumos y pagarle a los profesionales del arte curar”, señala el informe.
Finalmente, el juez Quiroga destacó hace diez días en la resolución que dispuso la intervención un hecho que aparece como llamativo. Y es que las irregularidades enumeradas no fueron negadas por las autoridades de la entidad. “Antes bien, las han reconocido, intentado un tibia defensa en el sentido de que están en vías de rectificación, extremo que, a esta altura de los acontecimientos y con el cuadro que se ha descripto, no resulta computable”, sostiene de forma contundente el magistrado en su fallo.
Lo que viene
Lo cierto es que habrá que ver ahora cómo evoluciona la situación.
El triunvirato que llevará adelante la administración deberá proponer en el mediano plazo una alternativa de “viabilidad económica” con el fin de ir preparando el camino hacia la normalización y un futuro llamado a elecciones que designe nuevas autoridades.
Sin embargo, el tránsito hacia ese punto final no será nada sencillo. Antes, los interventores deberán realizar un informe que determine la composición del pasivo creado luego de la apertura del concurso preventivo de 2008.
Fuentes consultadas señalaron que resolver la situación no será nada sencillo. Aquel año la institución había logrado un acuerdo muy beneficioso, que consistió en pagarles a todos sus acreedores el 40 por ciento de su deuda en 10 años. Pero el hospital no habría cumplido con lo firmado. Y por estas horas los cheques rechazados acumulan cifras millonarias.
Los responsables
María José Ramos, encargada del área de Cocina del hospital, volvió a mencionar que hay un sector de los médicos que se desempeñan en la institución que la están queriendo llevar a la quiebra. La mujer vinculó a la Asociación Médica de Rosario con esa maniobra. Y también apuntó contra varios profesionales que tenían a su cargo servicios que el Italiano había tercerizado. Finalmente, mencionó también como responsable de la situación actual a Carlos Neme, quien fuera gerente durante 8 años y se desvinculó en mayo de este año.
Muy grave
El titular de la Inspección General de Personas Jurídicas, Ricardo Silverstein, señaló que es la primera vez en la historia de la ciudad que un juez resuelve disponer la intervención de una institución tras el pedido de la IGPJ. “Eso tiene que ver con la gravedad que tiene este caso. La intervención es la medida más extrema que se le puede imponer”, señaló Silverstein.
