«Javkin no sabe lo que dice», dijo titular de Enacom en Santa Fe sobre fibra óptica en cárceles

El delegado del Ente Nacional de Comunicaciones en Santa Fe, Franco Balzaretti, cuestionó las intenciones del intendente luego de que éste apuntara contra las obras de conectividad en el penal federal de Marcos Paz, aprobadas hace un año: "Es un comentarista de la realidad"

Continúa el cortocircuito entre Pablo Javkin y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El intendente de Rosario volvió a levantar este miércoles el guante contra uno de los integrantes del directorio del organismo, Gonzalo Quilodrán, quien lo acusó de no conocer el programa de Conectividad para el Servicio Penitenciario Federal. A esto, el alcalde insistió: «No es verdad que es para mejorar las audiencias» judiciales y opinó que, siempre según su entender, “ese tendido de la fibra óptica lo van a utilizar para matar gente”. A su vez, sostuvo que “nadie del gobierno nacional se comunicó, porque ese plan que tiene un espíritu positivo tiene un artículo del decreto que es para mejorar la conectividad de los presos y sus allegados”.

El delegado del Enacom en Santa Fe, Franco Balzaretti dijo a El Ciudadano sobre el tema: «Javkin utilizó una noticia positiva para convertirla en algo negativo y de la peor manera posible, que es llevándole miedo e incertidumbre a la población».

«En primer lugar (el intendente Javkin) no está al tanto de qué es lo que plantea la colocación de una fibra óptica en las cárceles, y en segundo lugar él ya utilizó esto como una oportunidad política de demostrar una posición que, a mi entender, es errada«, contestó el funcionario.

Balzaretti aclaró que la colocación de la fibra óptica en las cárceles no obedece a que los presos tengan conectividad: «En ninguna cabeza cabe que nadie quiera darle conectividad para que tengan contacto con el exterior. Los presos son presos y tienen que estar ahí como marca la ley».

La razón de ser del programa es, dice Balzaretti, disminuir los riesgos que existen de escape: «Se puede utilizar la red para que aquellos reclusos que deciden estudiar reciban sus clases a través de los diferentes canales digitales, pero de ninguna manera podemos pensar que le estamos dando conectividad a los presos», reflexionó Balzaretti, y agregó: «Si le estamos dando conectividad a los presos también estamos dando por hecho que los presos tienen dispositivos a los cuales se pueden conectar para tener internet, o sea que estamos hablando de un doble delito, por lo tanto en primer lugar el intendente no sabe lo que dice» y sentenció: «Si sabe que los presos tienen estos dispositivos, debería denunciarlo y no convertirse en lo que siempre hace que es un comentarista de la realidad«.

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El programa de ampliación de la conectividad en las cárceles federales del país fue aprobado por el directorio del Ente, que a su vez está compuesto por representantes de las distintas fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados de la Nación, incluida la oposición, por medio de la resolución 2183/2021 del Enacom el 28 de diciembre de 2021, y publicada ese mismo día en el Boletín Oficial, destinando para su realización un monto de mil millones de pesos provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.

Dos datos a tener en cuenta: el Fondo Fiduciario del Servicio Universal es una base de financiamiento generada a partir del 1% de los ingresos totales devengados por las empresas de prestación de los Servicios de TIC. Por otro lado, la responsabilidad de llevar la fibra óptica hasta los establecimientos corre de la mano del Enacom «hasta la puerta. Después, es una empresa privada la que lleva adelante las obras de instalación, en este caso en la cárcel, no el organismo», aclaró Balzaretti, y explicó a El Ciudadano que el procedimiento es otorgado a los terceros que se acercan al Ente luego de lanzada una convocatoria para realizar dicha operación, que son los que se encargan de hacer las conexiones en el establecimiento.

El delegado local explicó: “Lo que hace el Enacom es colocar una red de fibra óptica para que los presos puedan, de alguna manera, declarar dentro de los penales y evitar el traslado de los presos a los lugares donde se toma declaración, por el riesgo y los costos que implica también trasladar a los presos desde la cárcel hasta los tribunales”.

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