Jueces para el nuevo sistema

El nuevo sistema de justicia penal va tomando forma. Al anuncio hecho semanas atrás por el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, acerca de la puesta en vigencia el próximo 10 de febrero, ayer la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dio a conocer la nómina de jueces que se abocarán exclusivamente al nuevo sistema, quiénes quedarán a cargo de las causas denominadas residuales y también los magistrados que estarán al frente de los juzgados correccionales.

Sorteados distintos tipos de demora, ayer se dieron a conocer los nombres de los magistrados que a partir de febrero quedarán a cargo de las distintas jurisdicciones. En el ámbito de la Circunscripción Judicial Nº 2, que corresponde a Rosario, los magistrados que se abocarán exclusivamente al nuevo sistema de justicia penal serán Gonzalo López Quintana, quien actualmente ocupa el cargo de juez Correccional 4ª; Carlos Rubén Leiva, hoy en Correccional 5ª; Juan Carlos Curto, de Correccional 7ª; José Luis Suárez, a cargo de Correccional 8ª; Roxana Beatriz Bernardelli, hoy a cargo del Juzgado de Instrucción 1ª; Raquel Adriana María Cosgaya, en Instrucción 6ª; Javier Francisco Beltramone, de Instrucción 9ª; Hernán Fernando Postma, de instrucción 11ª; Gustavo Gerardo Pérez de Urrechu, hoy responsable del Juzgado de Instrucción 13ª y Alejandro María Negroni, actual titular del Juzgado de Instrucción 15ª.

En la misma resolución, los jueces de la Corte Suprema indicaron que el sistema de conclusión de causas (llamadas residuales), serán absorbidos por quienes hoy son titulares de distintos Juzgados de Instrucción.

La magistrada Alejandra Rodenas, actual jueza de Instrucción 2ª absorbe las causas de los jueces de Instrucción 5ª (María Luisa Pérez Vara) y 13 (Pérez de Urrechu); el juez de Instrucción 3ª, Luis María Caterina, tramitará –además de las causas que actualmente conoce– las del Juzgado de Instrucción 8ª (actualmente vacante); Juan Carlos Vienna, juez de Instrucción Nº 4, tramitará, además de las causas que actualmente conoce, las causas del Juzgado de Instrucción 6ª (Cosgaya); el titular del Juzgado de Instrucción 7ª, Juan Andrés Donnola, tramitará, además de las causas actualmente a su cargo, las del Juzgado de Instrucción 11ª (Postma); Irma Bilotta, jueza de Instrucción 10ª tramitará sus causas y las del Juzgado de Instrucción 15ª (Alejandro Negroni); y la jueza de Instrucción 12ª, Mónica Lamperti, tramitará sus causas y las que tengan –hasta febrero– los Juzgados de Instrucción 9ª (Beltramone) y 14ª (a cargo de ana María Sabatier, actualmente con licencia médica).

Por su parte, los 10 juzgados Correccionales existentes quedarán reducidos a cuatro, que estarán a cargo de Juan José Alarcón, actual juez Correccional 2ª, que tramitará sus causas y las del Juzgado Correccional 1ª (hoy vacante); Rodolfo Enrique Zvala, juez Correccional 6ª se quedará con sus causas y las del Juzgado Correccional 4ª (López Quintana); Héctor Núñez Cartelle, juez Correccional 9ª, sumará a sus causas las del Juzgado Correccional 8ª (José Luis Suárez) y Marcela Canavesio, jueza Correccional 10ª tramitará sus causas y las de los juzgados correccionales 5ª (Leiva) y 7ª (Curto).

En el acta, firmada por los seis jueces de la Corte Suprema (María Angélica Gastaldi –presidenta–, Daniel Erbetta; Roberto Falistocco; Rafael Gutiérrez; Mario Netri y Eduardo Spuler) y el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, se aclara que las resoluciones adoptadas “tienen que ver con un doble compromiso institucional que este Tribunal asume, cual es no sólo coadyuvar en el éxito de la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal, sino también preservar la correcta gestión del sistema de conclusión de causas”.

“Esta afirmación resulta útil, además, para destacar que las decisiones que aquí se adopten habrán de ser periódicamente revisadas, y, en su caso, actualizadas, de conformidad a los datos que vayan arrojando los respectivos controles de gestión”, sostiene la resolución.

El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado a finales de 2007 y empezó a regir en forma progresiva desde febrero de 2009, con la entrada en vigencia de cuestiones vinculadas con el principio de oportunidad, la querella y la asistencia a la víctima.

El mes pasado, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, anunció en la capital provincial la implementación total, definitiva y en toda la provincia del nuevo sistema, a partir del 10 de febrero de 2014.

“Se trata de un cambio histórico que contribuye a una mayor calidad institucional porque implica participación, publicidad, agilidad y transparencia”, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fue órgano de implementación de la reforma desde sus inicios.