El magistrado habilitó un amparo colectivo que exige la implementación inmediata de la Ley de Emergencia para el sector (Ley 27.793) , que había sido promulgada por el Congreso pero suspendida posteriormente por decreto presidencial
Un trascendental fallo del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, ha dado un nuevo y fuerte impulso a la batalla por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.
El magistrado habilitó un amparo colectivo que exige la implementación inmediata de la Ley de Emergencia para el sector (Ley 27.793), que había sido promulgada por el Congreso pero suspendida posteriormente por decreto presidencial.
La acción judicial que sentó las bases para este fallo colectivo fue iniciada por un padre que, ante la incertidumbre, presentó un amparo ante el juzgado en nombre de sus dos hijos con discapacidad.
La presentación buscaba revertir el veto a la Ley 27.793, argumentando que la suspensión de la norma vulnera los derechos de las personas con discapacidad y las somete a una situación de discriminación al poner en riesgo la continuidad de sus tratamientos de salud y educación.
Con la sentencia favorable a favor de las personas con discapacidad ya emitida, el amparo se ha convertido en un instrumento de lucha nacional. Rápidamente, entidades del sector han manifestado su adhesión.
Desde Santa Fe, la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) confirmó su participación. «Hoy cuenta ese amparo con sentencia favorable a favor de las personas con discapacidad, al que han ido adhiriendo asociaciones de personas con discapacidad, asociaciones de familiares, y asociaciones de prestadores», señaló desde la entidad provincial.
Apridis ha comparado y adherido a la demanda colectiva en nombre de todos los prestadores que nuclea , buscando que lo resuelto en el amparo sea aplicable a sus representados.
La relevancia de esta legislación radica en su capacidad para estabilizar el financiamiento del sector. Según indicaron desde Apridis, la Ley de Emergencia en Discapacidad «asegura el financiamiento y actualiza los costos de las prestaciones a favor de las personas con discapacidad».
La habilitación de este amparo colectivo marca un hito en la vía judicial y obliga al Gobierno Nacional a revisar la suspensión de la ley, mientras los sectores que trabajan con personas con discapacidad continúan la batalla legal para que finalmente se garantice la plena operatividad de la norma.
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