En el inicio del debate a las 15 personas a las que le atribuyen integrar una asociación ilícita encargada de cometer múltiples delitos que van desde homicidios, balaceras a extorsiones en los barrios Empalme Graneros, Industrial y Ludueña, los abogados defensores centraron sus alegatos en la falta de evidencias científicas y cuestionaron el uso de testigos de identidad reservada
Francisco “Fran” Riquelme junto a 14 acusados de integrar una asociación ilícita comenzaron a ser juzgados este lunes por múltiples homicidios y abusos de armas cometidos entre 2021 y 2023 en los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial.
En la primera jornada, ante tribunal integrado por los jueces Gustavo Pérez de Urrechu, Natalia Benvenuto y Jorge Rodríguez, la Fiscalía sostuvo que “si bien se juzgan 11 hechos puntuales, expondrán un total de 38 sucesos, incluyendo 16 homicidios, para contextualizar el funcionamiento de la asociación ilícita”, a la cual vincularon directamente a Esteban Lindor Alvarado.
En sus alegatos, los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Tassini solicitaron la pena de prisión perpetua para 12 de los imputados, mientras que para las tres restantes pidieron penas de entre 7 y 8 años de prisión. Luego fue el turno de los abogados defensores, quienes cuestionaron la solidez de las pruebas para sostener los pedidos de la máxima pena para la mayoría de los acusados.
A lo largo de las audiencias, el tribunal analizará 11 hechos puntuales de extrema gravedad. Entre ellos, el asesinato de Cristian «Larva» Fernández en abril de 2022, el femicidio de Ludmila Orellana –quien fue emboscada tras una llamada telefónica– y el crimen de Miguel Alejandro “Peladito” Ramírez, cometido en junio de 2022.
También se juzgan balaceras contra una cancha de fútbol 5 en José Ingenieros al 6400, extorsiones con disparos a viviendas particulares y ataques intimidatorios contra escuelas y comisarías que, según la acusación, buscaban desafiar el control estatal en el territorio.
El equipo de penalistas Antonela Travesaro, Yamile Abdul y Rodrigo Mazzuchini, es el encargado de representar al presunto jefe de la organización y sostuvo que la Fiscalía no podrá probar que su cliente haya impartido órdenes criminales.
Travesaro argumentó que Riquelme se encuentra detenido desde abril de 2020 –un año antes del inicio de los hechos juzgados– bajo un régimen de estricto confinamiento en la cárcel de Piñero, lo que invalidaría su capacidad de dirección.
Además, denunció que existe una «condena social y mediática» previa, tildándolo como el «Pablo Escobar de Empalme» sin que existan pruebas reales de un pacto, precio o pago por los homicidios que se le atribuyen.
A su turno, el abogado David Villada, defensor de Fernando «Fey» Cabaña, centró su exposición en la falta de certeza para solicitar una prisión perpetua, a la cual calificó como una «pena de muerte encubierta» debido a la falta de institutos de reinserción en la ley actual.
También argumentó que no existen evidencias concretas que posicionen a su defendido en una «cojefatura» o mando de la organización. Según el letrado, la acusación se basa en observaciones que no logran romper el estado de inocencia, por lo que solicitó la absolución lisa y llana por el beneficio de la duda.
Por su parte, el penalista Hernán Kovacevich, en representación de Acosta Muñoz, remarcó que la acusación contra su cliente es «endeble, fragmentaria e insuficiente».
El abogado, quien está a cargo de la defensa junto a su colega Rosana Rizzo, hizo hincapié en que no existe ninguna pericia científica, como pruebas de pólvora en las manos o que lo hayan visto, que vinculen a su asistido con la ejecución de los ataques armados.
Sostuvo, además, que las interpretaciones de las escuchas telefónicas son forzadas y que, cuando se analicen en su verdadero contexto, se verá que no contienen instrucciones operativas para cometer delitos.
A su turno, Néstor Antennucci, defensor de Lucas Racca, pidió al tribunal que no se pierda de vista la individualidad de su cliente frente al «universo» de legajos presentados por la Fiscalía.
Afirmó que Racca no pertenece a la asociación ilícita y que su vinculación con el homicidio de Larva Fernández es producto de «identificaciones tardías e inducidas». El abogado denunció que el Ministerio Público de la Acusación construyó un «relato cinematográfico» basado únicamente en testigos de identidad reservada que solo aportan rumores, sin pruebas técnicas que lo ubiquen en la escena del crimen.
Los defensores públicos Juan Pablo Nardín, Fernando Ritondale y Juan Pablo Bazet, remarcaron que su tarea es “difícil” debido a la acumulación de hechos graves sin autores individualizados. Los abogados asisten a Héctor Agüero, Franco Aguiar, Franco Almaraz, Alexis Álvarez, Marcelo Chávez, Eric Enrique, Daniel Miranda García, Mauro Medina, Lisandro Orellana, Lemuel Sciretta y Kevin Sosa. Los letrados criticaron que se utilice el «ropaje» de la asociación ilícita para compensar la falta de pruebas en homicidios específicos y cuestionaron duramente el uso de testigos protegidos por afectar el derecho constitucional de defensa.
Tras la finalización de los alegatos de apertura, el juicio entrará en su etapa más extensa: la presentación de los testigos propuestos por ambas partes y la producción de la prueba técnica. Este proceso, que los fiscales compararon con la resolución de «12 mini juicios» simultáneos, busca desentramar el funcionamiento de una organización que, según la acusación, llegó a tener 26 miembros adultos y 3 menores de edad.
Para contextualizar el poder de fuego y la extensión de la banda, la Fiscalía detalló que la estructura no termina en los 11 acusados que están hoy en el banquillo por la asociación ilícita que mantuvo una feroz disputa contra la banda de Mauro Gerez, lugarteniente de Los Monos, por el liderazgo del territorio.
El grupo ya cuenta con 14 personas condenadas con penas firmes a través de juicios abreviados, entre las que se encuentran familiares directos del presunto jefe y colaboradores operativos. Además, existen tres menores de edad que quedaron bajo la órbita de la Justicia de Menores y un sospechoso cuya situación procesal se resolverá a futuro tras ser capturado recientemente a finales de 2025, indicaron desde la Fiscalía.
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