Cuatro plazas: Termina el juicio a 21 agentes de la Policía de Santa Fe por torturas

Por Agustín Aranda – Especial para El Ciudadano

Cuando Sasha Ventura abrió la puerta del baño en el Hospital Centenario el espejo –el primero en el que veía su reflejo desde hacía horas– le devolvió una imagen extraña. La cara estaba hinchada. En especial, el ojo izquierdo, sobre el que había caído en la cortada Marcos Paz al 6700, frente al jardín de infantes del Colegio San Antonio de Padua, a metros de las Cuatro Plazas en el barrio Belgrano cuando un grupo de policías lo golpeó y uno le cortó las rastas que venía cuidando desde hacía años y que hasta esa madrugada le llegaban hasta la cintura. 

Sasha, que horas antes tampoco había sido reconocido por sus amigos cuando lo dejaron en el piso de la comisaría 14ª, vomitó y recordó lo que le habían dicho en el patrullero los oficiales que lo trasladaban al centro de salud: “Te arruinaron”. Casi ocho años más tarde, la madre de Sasha, jubilada de la Policía de Santa Fe, dijo en el juicio oral y público que después de esa madrugada ella había decidido sacar por un tiempo los espejos de la casa para evitar que Sasha tuviera problemas al verse. 

Este miércoles, y con dos años de atraso, según la querella, la Justicia definirá si 21 agentes de la Policía de Santa Fe serán reconocidos y reconocidas como responsables de la privación ilegitima de la libertad, la tortura y la falsificación de documentos de investigación para encubrir los delitos a Sasha y a sus amigos y su amiga. 

El operativo policial que terminó en denuncias de tortura

Según la querella, el 23 de marzo de 2018, los jóvenes fueron interceptados por un operativo policial en las Cuatro Plazas, donde participaron alrededor de veinte efectivos entre patrulleros y camionetas. Los agentes los redujeron con insultos y violencia para requisarlos. Cuando uno de ellos preguntó por el motivo del procedimiento, recibió un disparo de bala de goma en la pierna y fue amenazado con un arma. Otro joven intentó escapar, pero fue alcanzado por varios policías que lo tiraron al suelo, lo golpearon, lo esposaron y le cortaron las rastas. Fueron trasladados a la Comisaría 14ª –ubicada a 80 metros del lugar– entre amenazas de violación, ejecución y de plantarles drogas o armas. Ya en la dependencia policial continuaron las agresiones: uno de los detenidos fue obligado a desnudarse y a “dar una vueltita”, y luego un agente lo apoyó, hecho por el que está acusado de abuso sexual.

Durante las 11 jornadas del juicio que comenzó el 18 de febrero declararon parte de las víctimas (con excepción a un chico cuyo padre se desempeñaba como Policía), familiares, policías, médicos y peritos técnicos que hablaron y mostrar el registro de cámaras y teléfonos celulares, además de especialistas que analizaron las secuelas físicas y psicológicas de los jóvenes. 

Cuestión de herencia, cuestión de inercia

“Hay que quitarle el ropaje ideológico que han intentado ponerle al caso”, dijo César Baroni, defensor de 5 agentes de la policía iniciando su alegato de cierre la semana pasada y agregó: “No se juzga un aparato represivo de otra época, sino un proceso policial de calle”. El abogado de la Defensa Pública se refería a parte del trabajo de la querella a cargo de integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario que incluyó entre sus argumentos la idea de que los y las policías de Santa Fe (tanto de la Policía de Acción Táctica -PAT-, Comando Radioeléctrico y Policía Comunitaria) actuaron con prácticas heredadas de la última dictadura cívico militar en Argentina. 

Entre las pruebas hicieron escuchar un audio viral que fue compartido a través del WhatsApp de una de las agentes imputadas al día siguiente al hecho. En él se escucha la voz de un hombre que dice: “El 24 de marzo es una fecha patria, hijos de puta. Un día en que la Argentina comenzó a ser mejor. Con los Ford Falcon, es el día en el que empezamos a sacar la maleza de nuestro hermoso jardín. A sacar la basura a la calle”. El audio continúa, mencionando “tatuajes, piercings, pelo largo” como características de personas que llevaban el país a la ruina. La reproducción del audio viral en redes sociales sigue vigente y aumenta en cada aniversario del Día por la Memoria, Verdad y Justicia. Hoy también por Tik-Tok.

Sobre el vínculo entre dictadura y la Policía actual los defensores insistieron en que los y las agentes fueron formados en democracia. Enfrente, Federico Pagliero, integrante de la querella y APDH, recordó en sus alegatos finales la jurisprudencia de condenas por tortura en causas de lesa humanidad vigente que incluye al corte de pelo como formas de violencia típicas de esa época. “El corte de cabello no tenía fines higiénicos, sino como un acto de despersonalización”, citó el abogado mientras que su colega, Julia Giordano, agregó: “La defensa dice que las lesiones de Sasha fueron por la caída. Es inexplicable como en esa caída se le cayeran mágicamente las rastas”. Parte de las defensas había señalado que Sasha había resultado herido por una caída mientras huía de las Cuatro Plazas luego de que sus amigos intentaran resistir la detención de una de las chicas. 

La emergencia, el memorándum y la mochila

Quien también contextualizó lo que pasó esa madrugada, cerca de las 4 horas, fue Renzo Biga, abogado defendiendo a Saavedra y Denis, dos agentes que estuvieron en la detención de la chica en la plaza, donde el grupo de amigos estaba reunido, según declararon, haciendo tiempo hasta que uno entrara a trabajar. El abogado recordó que ese mes había comenzado el “Operativo Marzo” a partir de la declaración de emergencia en la provincia cuando Maximiliano Pullaro era ministro de Seguridad del gobernador Miguel Lifschitz. Dijo que semanas antes del hecho las autoridades habían enviado un memorándum, el N.º380, cuya “orden de servicio” era: “Realizar intensivo patrullaje brindando efectiva presencia policial, seguridad y vigilancia, a fin de resguardar la integridad física de las personas que por allí transiten, como así también negocios e inmuebles de la zona procediendo a la identificación de personas, vehículos y motovehículos”. ¿El motivo? Los reclamos de vecinos y vecinas por seguridad en la zona de las Cuatro Plazas, entre otras zonas conflictivas de la ciudad. “Mucha música, mucha falopa. Mucho auto, mucha moto”, dijo Biga recordando la declaración que prestó en el juicio el cura de la iglesia frente a una de las Cuatro Plazas, uno de los más de 20 testimonios en las 11 jornadas de juicio.

El defensor insistió en que la y el agente actuaron bajo órdenes claras y en su zona asignada, y volvió a mostrar el registro de una de las cámaras de videovigilancia para señalar que “la mochila rosa no está porque se la habían llevado dos personas en una moto negra que se dirigió al sur antes de que lleguen los patrulleros”. Así abordó una de las estrategias de las defensas: el grupo de agentes, además de actuar para identificar a los jóvenes, actuó siguiendo el rastro de un supuesto pasamanos entre personas en motos en las Cuatro Plazas. La mochila, al igual que las rastas de Sasha, nunca apareció. Tampoco las dos personas en la moto negra mencionada. Tampoco hallaron ninguna droga (alcohol u otra) u objetos robados entre las pertenencias del grupo de amigos. 

Continuando su alegato Biga dijo que la agente Denis, quien estuvo tres meses con prisión preventiva, “disparó y el rebote le dio en la pantorrilla a Sasha”, que pidió apoyo porque se veía superada en número por el grupo de amigos e insistió en otro de los argumentos compartidos por las 5 defensas de las y los agentes: los tres médicos que revisaron a los jóvenes no registraron ni un moretón. Esta prueba fue discutida por la querella. En particular, por las heridas de Sasha y las marcas en las muñecas de Valentina.

Finalmente, y antes de pedir la absolución como el resto de los defensores a sus acusados, recordó que las 7 fotos tomadas con el teléfono celular de la agente al grupo de amigos (una por persona) en la madrugada del 23 de marzo dentro del patio de la comisaría 14ª era parte de la orden de la Policía y que sirven hasta la fecha para investigaciones policiales. “Hoy con el uso de las redes mediante WhatsApp se informa el procedimiento, los datos de la persona demorada o aprendida adjuntando vistas fotográficas de los demorados o aprendidos”, había declarado días antes Mauro Ciancio, subinspector de la Policía de la Provincia de Santa Fe, quien en ese momento trabajaba ligado a las comunicaciones internas de la fuerza de seguridad. “A veces son solicitadas por la fiscalía y sino internamente se arma un parte comunicativo”, agregó Ciancio. Según la querella, no hay registro de ese informe interno. 

Lo que si pudieron comprobar es que las fotos de los amigos circularon por grupos de WhatsApp formados entre agentes de la Policía y así fue que tanto el padre de uno de los chicos como la madre de Sasha, ambos agentes de las fuerzas de seguridad, se enteraron que sus hijos estaban en la comisaría. Para la querella, las imágenes sirvieron desde ese día en adelante para identificarlos y perseguirlos en las semanas y meses siguientes como “los chicos de las Cuatro Plazas”. 

La cifra “negra” de la violencia institucional en Rosario

A mitad del juicio, el director de Prevención de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, Marcelo Marasca puso el contexto el caso y explicó: “Recibimos una denuncia de este tipo cada tres días”. El funcionario agregó que gran parte de los hechos de violencia protagonizados por la Policía en Santa Fe nunca llega a ser revisada por la Justicia. Esta “cifra negra”, como definió Marasca en el juicio oral y público, fue explicada por el miedo de las víctimas a que la fuerza de seguridad quiera tomar revancha por una denuncia, algo que el grupo de amigos de las Cuatro Plazas confirmaron. 

Después del 23 de marzo, las denuncias y los artículos periodísticos que cubrirán la investigación por lo que había pasado, la mitad de los chicos y la chica hicieron nuevas denuncias de hostigamiento policial: patrulleros que les seguían sin motivo en diferentes partes de la ciudad y hasta una de las agentes imputadas que había violado la prohibición de acercamiento a una de las víctimas visitando el bar donde trabajaba. A uno de los chicos incluso lo llevó a pedir un hábeas corpus. “No era algo que imaginamos. La Justicia me dio el habeas corpus porque realmente me estaban siguiendo”, dijo en el juicio. Desde hace más de un año él vive afuera de Rosario y viajó en las vísperas del paro general de la CGT que detuvo los transportes para poder dar su declaración. 

Consecuencias y responsabilidades

Sobre las consecuencias en el grupo de amigos declararon familiares y profesionales en salud mental a cargo de las pericias para comprobar que el hecho les había provocado lesiones psicológicas, como uno de los elementos configurados dentro de la tortura según el Protocolo de Estambul, un manual que desde hace 25 años (y con una actualización en 2022) es usado para detectarlos. 

Victoria Mujica, psicóloga e integrante del Colegio de Psicólogos convocada por la querella como delgada técnica, dijo que los chicos y las chicas tuvieron a causa del episodio un freno y un retroceso en el proceso de autonomía que venían llevando. Tenía entre 21 y 24, había empezado sus trabajos y en algunos casos a vivir solos o en pareja. Varios volvieron a la tutela cercana de sus familias. También, siempre según la profesional, les complicó la posibilidad de planificar el futuro y les llevaron a elegir el encierro por miedo a volver a ver a la Policía. En casi todos los casos sufrieron pesadillas sobre la privación de la libertad, la violación sexual y pensamientos suicidas. 

Las consecuencias no fueron solo para el grupo, que, según declaró, dejaron de hacer lo que hace cualquier joven a esa edad: salir de noche. También alcanzaron a las familias. Muchas vinculadas de forma directa con la fuerza de seguridad acusada. María Laura Peretti, psicóloga perito forense con antecedentes de atención en el servicio penitenciario, agregó que registró problemas en los vínculos familiares, problemas en el trabajo ligados a no poder dormir, grandes esfuerzos cotidianos para no cruzarse con un patrullero para evitar revivir lo ocurrido. “Los relatos coinciden con hechos de tortura”, declaró. 

Por su parte, los defensores de las y los agentes de Policía hablaron del impacto que el caso tuvo. Hablaron de la exposición mediática (a pesar de que el juicio realizado entre febrero y marzo no fue cubierto por otro medio de comunicación) y señalaron que pasaron años con una imputación grave sobre sus espaldas, afectando sus carreras y sus familias. “No es solo venir a juicio. Es vivir ocho años con esto, con la sospecha permanente, con problemas en el trabajo y en la casa”, dijo uno de los defensores.

Uso o abuso, esa es la cuestión

Laura Codina, psicóloga a cargo de las pericias para ver si los chicos y la chica tenían indicadores compatibles con la tortura, tal como lo establece el protocolo de Estambul, dijo: “La asimetría del poder siempre está. El tema es si hay uso o abuso de poder”. En este caso, la tarea de definirlo recaerá en Florentino Malaponte, Gonzalo López Quintana y Fernando Sosa, el tribunal que desde las 14.30 dará a conocer si reconocen como culpables a los y las agentes de la Policía de Santa Fe.

Policías imputadas e imputados y las penas pedidas

Para Roberto Salinas y Santiago Morgan la querella pidió 12 años de prisión. Para Walter Duarte, Diego Ojeda y Sergio Romero 10 años. Para Erica Denis y Mariano Saavedra 9 años. Para Gastón Farley, Ariel Godoy, Ángela García 8 años. Para María Florencia Gorosito, Alexis Cali, Ileana Romero, Adrián Molina, Nadia López, Cristian Nevares, Ángel Avalos, Agustín Cañete, Melina Lamanna, Lucas Sánchez y Jesús Soria 6 años de prisión. A diferencia del resto Soria, asistió de forma virtual a las audiencias por estar en prisión preventiva mientras espera otro juicio. En ese es señalado como responsable de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria con culpa temeraria de vehículo con motor y falsedad Ideológica de instrumento público agravada por ser cometida en abuso de sus funciones como funcionario público con un pedido de pena de 3 años de ejecución condicional y 10 años de inhabilitación especial.