A principios de la pandemia se produjeron contagios masivos con consecuencias trágicas. Para la fiscalía, contribuyeron a la "propagación dolosa de una enfermedad peligrosa"
El titular y el subdirector médico del Sanatorio San Carlos de Escobar irán a juicio oral y público por presunta violación de las medidas para evitar la propagación del Covid-19 y su consecuencia, el contagio masivo y la muerte de 23 pacientes.
El fiscal federal de Campana Sebastián Bringas formuló la acusación contra el presidente de la gerenciadora del servicio de salud Salutis S.A. y el subdirector médico del establecimiento.
Entre abril y mayo de 2020, 54 personas se contagiaron de coronavirus en el establecimiento asistencial y de ellas, 23 murieron, entre pacientes y personal del establecimiento.
Los imputados afrontarán el proceso oral acusados de “propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas; violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, homicidio culposo agravado y abandono de persona con resultado de grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima y muerte”.
“Mediante la inobservancia de las normas de cuidado que estaban vigentes al momento de los hechos y el incumplimiento de los deberes a su cargo, crearon un riesgo que no estaba cubierto por un riesgo permitido, provocando así la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, sostuvo el fiscal.
“Teniendo a su disposición los medios más efectivos y confiables para prevenir la introducción y propagación del virus desatendieron los protocolos y las medidas de profilaxis necesarias, que de hecho decidieron voluntariamente no cumplir”, añadió el dictamen.
La causa se inició por la denuncia de la hija de una paciente del hospital, que hoy ya no funciona, sobre las condiciones en que estaba internada su madre en pleno inicio de la pandemia.
La investigación, que recayó en el juzgado a cargo de Adrián González Charvay, concluyó que los imputados “violaron las medidas que fueron implementadas por las autoridades sanitarias de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para impedir la introducción y/o propagación del virus”.
Sostiene la acusación, omitieron implementar “las medidas suficientes vinculadas con la prevención y control de la enfermedad”.
“El personal no recibió procesos de capacitación adecuados para prevenir el contagio y/o la propagación del COVID-19, ni tampoco fue informado sobre la actualización de los síntomas ni de los protocolos”, añadió la imputación.
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