El sobrino de Roberto “Pimpi” Caminos enfrenta un juicio oral por portación de arma de guerra. Ayer, el fiscal Fernando Dalmau solicitó una pena de cuatro años y medio de prisión. El hecho por el que está acusado ocurrió en octubre pasado y fue consecuencia de un procedimiento de rutina que Gendarmería Nacional efectuó en barrio La Tablada, donde Rubén Alberto César fue detenido con un arma de grueso calibre y marihuana. Por el primero de los delitos, ayer se inició un debate oral presidido por el juez Carlos Leiva.
En su descargo, César negó el achaque en su contra y sostuvo que fue golpeado por los uniformados en reiteradas oportunidades mientras que su defensor sostuvo la preponderancia de su vínculo familiar con los Caminos como base de ésta acusación por parte de las fuerzas de seguridad.
Rubén Cesar tiene 25 años y es sobrino del extinto líder de la barra brava de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos y el 16 de octubre pasado fue detenido por Gendarmería Nacional en presidente Quintana al 2400. Esa noche, César se encontraba a metros de su casa cuando fue arrestado junto a su primo y un adolescente de 15 años. Según la acusación fiscal, entre sus pertenencias tenía un arma calibre 9 milímetros con la numeración limada y 2,8 kilogramos de marihuana, mientras que su familiar llevaba una bolsa negra también con estupefacientes y el menor del grupo un arma del mismo calibre que César, refirió el fiscal Fernando Dalmau.
El fiscal sostuvo que ese procedimiento se hizo en el marco de una serie de controles que la fuerza de seguridad realizaba en la zona, donde ya se habían producido hechos violentos como un enfrentamiento armado y el hallazgo de una ametralladora, explicó.
Por el hecho, se inició una causa en la competencia federal, y si bien los primos no se resistieron al procedimiento, el menor de los arrestados intentó escapar por lo que se produjo un forcejeo donde el joven se cayó y golpeó contra un tronco, refirió el fiscal. Y solicitó una condena de 4 años y 6 meses para César por el delito de portación de arma de guerra.
Posteriormente, los defensores Fausto Yrure y Rubén Navas plantearon la nulidad del procedimiento penal por violación de garantías constitucionales. Sostuvieron que la ley 13.472 –que regula la forma de llegar a un juicio oral en flagrancia– habla de la posibilidad de salidas alternativas pero en el caso puntual ello no sucedió, y deja a su cliente en estado de indefensión ya que los principales elementos probatorios no se encuentran en el legajo fiscal, en referencia a la falta de los testimonios de los siete uniformados que intervinieron en el hecho. Este planteo fue desechado por el juez Leiva al sostener que todo imputado tiene como garantía el juicio y las anteriores son etapas preparatorias, por lo que consintió la continuidad del debate.
La versión de la defensa
Navas continuó con la exposición y se refirió a la inocencia de su cliente, quien decidió declarar. César sostuvo que aquella noche estaba en su casa cuando su primo fue a visitarlo. “Discutimos con mi pareja porque no le cuidé el nene”, refirió, y salieron a la vereda con su pariente. “Nos quedamos ahí, vino Paola de la iglesia y nos quedamos hablando de Dios. De repente por Esmeralda entró una chata”, agregó, en referencia a la camioneta de Gendarmería Nacional.
César dijo que el personal de Gendarmería hizo correr a la mujer que estaba con ellos y lo tiraron primero contra la chata donde lo golpearon en las costillas, y luego lo arrojaron al suelo donde lo requisaron y lo siguieron golpeando. El imputado sostuvo que durante el tiempo que estuvo en el piso se escucharon tiros, corridas y griterío. “En ese rato me traen un chico todo ensangrentando con la cabeza rota. Les pregunto ¿por qué me hacen esto?, aunque no obtuve respuesta. Estuve tirado un buen rato y me llevaron a Gendarmería, ahí también me pegaron y me enteré de la acusación al otro día cuando me derivaron a Tribunales”, concluyó.
El juicio continúa hoy con la declaración de testigos.
