La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá este martes a reunirse en una audiencia testimonial que será la quinta y última dedicada a analizar las irregularidades en el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
Luego de tres semanas de inactividad, la comisión recibirá este martes, desde las 13, en la Sala 1 del anexo a la última ronda de testigos: Marta Herrera Alem (ex Directora y Vicepresidenta de la OSPJN), María Guadalupe Burgos (funcionaria de la OSPJN), el contador público Iván Nicolas Ritvo, Néstor Fasciollo (funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN) y Marcela Carlomagno (afiliada).
Luego de esta última audiencia vinculada al causal de la obra social, la presidencia de la comisión procederá a elaborar el informe preliminar y presentar los cargos para los magistrados. Quien quedó más comprometido de los cuatro jueces es Juan Carlos Maqueda por haber sido el supervisor de la OSPJN durante 13 años.
El testimonio clave fue el del ex administrador general de la Corte Héctor Marchi, quien señaló que durante la gestión del ex director de la obra social Aldo Tonón (puesto allí por Maqueda) no había control de stock de medicamentos, escaseaban balances contables, el sistema informático era obsoleto y vulnerable, habían demoras y rechazos injustificados de autorizaciones de tratamientos.
Además habían vacancias de cargos clave, se suspendían prestadores médicos por falta de pago o falta de actualización de aranceles, la compra de medicamentos y prótesis se hacía por contratación directa y no por licitación, y se registraron pérdidas millonarias por no usar el dinero remanente en plazos fijos.
Esta será la primera reunión de la comisión presidida por la entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) luego del fallo que inhabilitó al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, a presentarse a la reelección, lo cual profundizó la disputa verbal entre el peronismo y la Corte Suprema.
De hecho, ya hay un pedido para ampliar el juicio político incorporando el causal por los fallos de San Juan y Tucumán, que se publicaron a tan sólo cuatro días del acto eleccionario y obligaron a reprogramar la fecha de los comicios en dichas provincias.
Desde el kirchnerismo, el fallo Uñac generó cierta sensación de regodeo al recordar que el sanjuanino había sido uno de los gobernadores peronistas que en el verano pasado se había opuesto a iniciarle juicio político al máximo tribunal con la expectativa de que no irían contra él.
Esta etapa del juicio político contra la Corte coincide con la reta final de las definiciones electorales nacionales y también con la previa de los comicios en varias provincias importantes como Tucumán, Mendoza y Córdoba.
Sin embargo, desde el kirchnerismo no van a ceder un centímetro en su apuesta por arrinconar a la Corte haciendo público sus presuntos desaguisados, en el marco de la confrontación abierta con Cristina Kirchner, quien se siente perseguida políticamente por el tribunal supremo. Ella misma ha hecho saber que le interesa especialmente que el proceso de investigación por presunto mal desempeño de los jueces continúe su marcha de manera exhaustiva.
Según trascendió, desde el Frente de Todos podrían adelantar la citación a los cuatro jueces de la Corte para que hagan su descargo sobre cada uno de los hechos denunciados.