En medio del proceso de apelación por la sentencia multimillonaria de la expropiación de YPF, el fondo Burford Capital activó un mecanismo legal en EE. UU. para forzar al Gobierno a revelar la ubicación de activos soberanos, incluyendo las reservas de oro, con miras a un posible embargo
El litigio por la nacionalización de YPF ha escalado a una nueva instancia de alta sensibilidad diplomática y financiera. Mientras Argentina cursa la apelación contra el fallo emitido por la jueza Loretta Preska, que obliga al país a pagar más de USD 18.000 millones, el demandante, Burford Capital, ha iniciado maniobras de «discovery» para localizar activos embargables del Estado.
La controversia se centra ahora en la exigencia de revelar la ubicación exacta de las reservas de oro custodiadas por el Banco Central (BCRA), una información que el Gobierno argentino considera un «dato estratégico» y cuya divulgación rechaza.
El «discovery» es un instrumento legal estadounidense que permite a la parte ganadora de un juicio solicitar formalmente documentos, comunicaciones y datos patrimoniales del deudor, incluso con la sentencia en proceso de apelación. El objetivo de Burford es claro: mapear los bienes argentinos en el exterior para un eventual intento de embargo.
Fuentes oficiales confirmaron que Argentina debe responder a los requerimientos la próxima semana. No obstante, en las audiencias, la jueza Preska ha insistido en obtener la localización precisa de las reservas de oro, lo que intensifica la presión sobre la delegación argentina.
La jueza ordenó al Estado argentino designar funcionarios con conocimiento directo sobre siete áreas críticas, entre ellas la venta y el traslado del oro y los movimientos bancarios internacionales.
El escenario más delicado es la posibilidad de que el funcionario convocado evite responder sobre el paradero del oro. Esto podría exponerlo a sanciones por desacato por parte de Preska, una eventualidad que el Gobierno califica de «totalmente injustificada».
La difusión de estos datos sensibles en un tribunal extranjero, sin la previa comunicación al Congreso argentino, también genera alarma interna por las posibles tensiones políticas que podrían surgir. Según un informe de la consultora Latam Advisors, la revelación formal de datos sobre reservas de oro a actores no gubernamentales sería inédita y podría debilitar la posición negociadora del país en futuros litigios.
Desde el Gobierno, se interpreta la maniobra de Burford como un intento de «generar ruido político interno y forzar una negociación» que la administración se niega a aceptar. Además, señalan que el fondo «está nervioso» por la depreciación de sus acciones, que cayeron más del 20% desde que se celebró la audiencia de apelación.
La Procuración del Tesoro tiene un plazo que vence el próximo viernes para definir qué funcionarios serán presentados como testigos ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Las declaraciones están programadas para comenzar en los próximos días.
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